M. Toledo
Uno de los temas más críticos en el desarrollo de proyectos mineros según el Ministro de Minería (S), Ricardo Irarrázabal, es la fase previa al ingreso de las iniciativas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
En este escenario, el gobierno lanzará el segundo semestre de este año una guía de buenas prácticas para las empresas mineras, para mitigar los posibles efectos negativos de la misma industria, identificando el impacto que pueden generar los proyectos de inversión a través de mecanismos de participación temprana.
Según Irarrázabal, la guía permitirá que la discusión política y territorial se desarrolle antes de ingresar al SEIA y entre los actores involucrados: comunidades, pueblos indígenas y empresas. “En el SEIA los proyectos son regionales, y quienes finalmente califican ambientalmente el proyecto son autoridades políticas”.
El ministro (S) señala que al analizar la conflictividad ambiental y social del país, casi el 100% de los casos tiene que ver con la localización de proyectos, lo que se refleja en los períodos de participación ciudadana y consulta indígena, donde las apreciaciones de las personas apuntan en gran medida al emplazamiento territorial de los proyectos.
Irarrázabal explica que el SEIA no permite cambios en la localización de las iniciativas, y que modificarlas implica hacer un nuevo estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, el Ministerio de Minería le asigna particular importancia a la fase previa al ingreso de la propuesta, ya que “puede haber información relevante que la compañía pueda recoger y así modificar el diseño inicial del proyecto, considerando los comentarios, observaciones e inquietudes de la comunidad”.
Guía voluntaria
Que las buenas prácticas de la guía se ejecuten implicará, en opinión del ministro (S), que “la evaluación ambiental de proyectos sea hecha en forma más expedita y concentrándose especialmente en los temas técnicos ambientales”.
La autoridad señala que para elaborar el documento se están llevando a cabo instancias participativas con los actores del ecosistema. Precisa que será de carácter voluntario y estará disponible en formato online para que cualquier minera lo utilice.
El texto propondrá también los estándares que las compañías deberían seguir, basándose en la experiencia internacional y en la jurisprudencia nacional en la materia.
“Cada empresa, en base a estos estándares, podrá adoptar mecanismos de análisis de riesgos corporativos internos que puedan ser correctamente elaborados y desarrollados dentro de la compañía”, explica Irarrázabal.
En particular, usará como marco de referencia la Guía de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable elaborada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Este documento ayuda a las empresas a evitar y abordar los impactos negativos que podrían asociarse a sus actividades en materia de divulgación de información, derechos humanos, empleo y relaciones laborales, medio ambiente, corrupción y consumidores.
“Nuestra guía apunta a traducir toda la discusión internacional a la realidad nacional, además de ayudar a las compañías mineras en esa labor”, afirma el ministro, y adelanta que el documento tendrá particular énfasis en los temas sociales, medioambientales, de derechos humanos y de pueblos indígenas.
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