En abril del año pasado un grupo de diputados y una diputada ingresaron un proyecto de ley -moción- para establecer el uso de un cargador universal estandarizado tipo USB-C para diferentes tipos de dispositivos electrónicos y videoconsolas portátiles en el país.
El proyecto, que está en su primer trámite constitucional y que será votado en general durante la jornada del miércoles, está inspirado en las prácticas de la Unión Europea, quienes en octubre de 2022 aprobaron el uso de un cargador universal para dispositivos electrónicos a partir de 2024.
En Chile, la moción fue ingresada por la diputada y los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Flor Weisse, Sergio Bobadilla, Felipe Donoso, Henry Leal, Daniel Lilayu y Cristóbal Martínez a la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Fundamentos del proyecto
Los parlamentarios argumentan en el texto del proyecto de ley que el hecho de tener más de un tipo de cargador para distintos dispositivos electrónicos genera un “problema”: la acumulación de “una gran cantidad de cargadores en sus veladores, tanto de teléfonos inteligente como de cámaras fotográficas, tablets, audífonos, entre otros”.
En el documento, los diputados afirman que “no tiene sentido seguir obligando a los consumidores a adquirir nuevos cargadores cada vez que renueven sus equipos electrónicos", agregando que la acumulación "genera una gran cantidad de residuos tecnológicos, aumentando los niveles de contaminación sin ningún motivo plausible que lo justifique”.
Sobre la legislación europea que aprobó el uso de un cargado universal sostienen que “creemos que es una buena idea seguir los pasos de la Comisión Europea en esta materia, ya que, las empresas fabricantes de teléfonos celulares tendrán un antecedente importante a la hora de tener en cuenta la propuesta que queremos implementar en nuestro país", enfatizando en que "la reducción de residuos debe ser una política que se implemente a nivel global, y no solo en los países desarrollados”.
El proyecto de ley tiene como objetivo implementar un cargador universal de dispositivos electrónicos en el país, que será aplicable de manera estándar a todos los teléfonos inteligentes, tablets, cámaras, audífonos, parlantes portátiles y videoconsolas portátiles.
De aprobarse, obligaría a todos los comercializadores de dispositivos que no contemplan carga vía puerto USB-C, a adaptar sus aparatos a la normativa. Para ello, el proyecto establece en un artículo transitorio un período de dos años desde la eventual publicación de la ley para acogerse a esta medida.
La tramitación en Europa
En 2009, la Unión Europea dio los primeros pasos en esta materia, al lograr reducir el tipo de cargadores de 30 a tres, pero ese acuerdo tuvo fin el 2014, año en que expiró y no se renovó.
De ahí en adelante, la Comisión Europea no se pudo poner de acuerdo en seguir avanzando en esta área hasta 2021, cuando se presentó una propuesta legislativa para implementar de manera obligatoria un cargador universal USB-C para todos los teléfonos inteligentes, tabletas, cámaras, auriculares, altavoces y videoconsolas portátiles.
Un año después, en octubre de 2022, el pleno aprobó la nueva legislación con 602 votos a favor, 13 en contra y 8 abstenciones y, a partir de 2024, todos los dispositivos comercializados en el territorio de la Unión Europea deberán seguir esta regla. Mientras que, en 2026, la medida también será obligatoria para los computadores portátiles.
Según el proyecto aprobado por UE, los dispositivos deberán incluir etiquetas explicativas sobre sus características de carga, que permitan a los consumidores comprobar si los cargadores que ya poseen son compatibles y si, al momento de comprar un nuevo dispositivo, quieren o no el cargador.
Acorde a estimaciones del bloque, los consumidores podrían ahorrar hasta 250 millones de euros anuales en compras “innecesarias” de estos aparatos. Mientras que los cargadores desechados en la basura o en un cajón equivalen a alrededor de 11.000 toneladas de residuos electrónicos anuales en Europa.
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