A fines de agosto, el Gobierno dio a conocer el Plan Nacional de Búsqueda, el que busca esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, durante la dictadura militar.
El plan, entre otros, trazará la ruta de la desaparición de las víctimas y colaborará con las investigaciones judiciales de alrededor de 1.800 personas desaparecidas o ejecutadas sin entrega de cuerpos a sus familiares.
Uno de los ejes es la tecnología y digitalización. En este contexto, la Subsecretaría de Derechos Humanos -del Ministerio de Justicia- licitó la confección de una plataforma de búsqueda de personas y trazabilidad de los posibles lugares donde se detuvieron las personas en la época dictatorial, la que se adjudicó a la tecnológica Unholster.
La firma chilena, que ya comenzó su trabajo con la cartera de Justicia, fue fundada hace 18 años y está especializada en data science, análisis de datos y desarrollo de software y es conocida, entre otros, por la elaboración de plataformas como DecideChile.
El gerente general de Unholster, Antonio Díaz-Araujo, explicó que la primera etapa del proyecto constará del diseño de la parte tecnológica de la plataforma. “Es un proceso que dura tres meses y en el cual vamos a estar revisando las distintas fuentes de datos y ver cómo agruparlas, agregarlas y qué tipo de inteligencia de datos podemos usar”, dijo.
Para ejecutar el proyecto se asignó un monto cercano a los $ 99 millones por el total de los servicios contratados.
El ejecutivo comentó que las reuniones con los equipos del Gobierno comenzaron la semana pasada las que calificó de “muy fructíferas” debido al profundo compromiso del ministerio y de la subsecretaría para incorporar tecnología a los procesos y labor que realizan.
Adelantó que la idea es culminar esta etapa en diciembre y de ahí en adelante tener una hoja de ruta para el despliegue del proyecto.
Antonio Díaz-Araujo, gerente general de Unholster.
Los desafíos
En una entrevista con El Mercurio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, señaló que “la primera fase pasa por digitalizar, ordenar, sistematizar y aplicar tecnología, lo que significa inteligencia artificial, a la abrumadora cantidad de antecedentes administrativos y judiciales que se encuentran disponibles”.
Díaz-Araujo afirmó que la inteligencia artificial es la principal candidata para la tecnología detrás de la plataforma. “El ministro Cordero tiene toda la razón, porque lo que uno buscaría es que la labor humana sea de entrenamiento y que permita que el algoritmo vaya aprendiendo de la forma que quiero”, señaló.
Pero el anteproyecto tiene retos y complejidades. El principal, según el ejecutivo, es “potenciar” el trabajo humano con más tecnología para lograr dar una respuesta con alto nivel de eficiencia en temas de procesamiento de texto de archivos, transformar imágenes, determinar a qué tipo de documento corresponde, además de escanear, categorizar, contextualizar e indexar la información.
“También está el desafío de evolución de la plataforma. Algo que no sea un requerimiento hoy, el día de mañana sí puede serlo, por lo tanto, tiene que tener una flexibilidad para incorporar nuevos ejes de análisis”, dijo Díaz-Araujo.
Si bien señaló que no tiene un número claro del total de documentos a digitalizar, comentó que existe una noción de lo que sí se ha descubierto y lo que existe. “Sabemos los caminos dónde buscar y qué tipo de información son de interés”.
Díaz-Araujo también reflexionó respecto al trasfondo del proyecto, asegurando que, como empresa, representa una motivación especial. “Tiene una cara humana que no nos había tocado tan de cerca, de darle una respuesta de lo que más sabe el Estado a todos estos familiares por medio de tecnología”, destacó.
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Renato Olmos
