El rol que jugó el Banco de Chile, filiales y sus ejecutivos en la trama de Augusto Pinochet y su familia para sacar ilícitamente dineros desde Chile y depositarlos en sus cuentas del Banco Riggs y otros del país del norte, volverá a salir a flote.
Ello, porque en julio del año pasado la Audiencia Nacional de España envió un exhorto a Chile para que permita que Pablo Granifo, el presidente del Banco, declare en la causa que sigue la Fundación Salvador Allende en Madrid, así como que se le remita la causa por blanqueamiento de capital y alzamiento de bienes que está sobreseída temporalmente en Chile desde 2014.
Que atenta contra el orden público, la soberanía nacional y los intereses de la colectividad jurídica o el orden público, arguyeron los abogados Carlos Balbontin, Hugo Rivera y Waldo Bown, en representación de Pablo Granifo; mientras que el abogado del Banco fue Raúl Tavolari. A la Fundación la representó el jurista Victor Araya.
Sin embargo, dichos argumentos no impidieron que la Corte Suprema diera curso a la solicitud.
“Se resuelve dar curso al presente exhorto internacional, remitiendo los antecedentes al Ministro Instructor (...), cuaderno de alzamiento de bienes, don Guillermo De la Barra Dünner, a fin de que se practiquen las diligencias solicitadas”, dice el fallo fechado el 15 de junio de este año y firmado por los ministros Andrea Muñoz, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier, además del abogado integrante Ricardo Abuauad.
Dentro de las razones que dio para dar curso estuvo que “se trata de un caso típico de cooperación mutua en materia penal, en que se solicita al Estado de Chile realizar un conjunto de actos de naturaleza jurisdiccional, destinados a favorecer la persecución y/o punibilidad secundaria de un hecho delictivo ocurrido en territorios de diversos Estados”.
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