Fue como un déjà vu. Hace 16 años el directorio del Banco de Chile había llegado a un acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos; luego, en 2009, el mismo directorio acordó con el Consejo de Defensa del Estado dar por cerradas las demandas que había presentado en Miami por la colaboración que el banco había tenido con Augusto Pinochet y su familia para sacar ilícitamente dineros desde Chile y depositarlos en sus cuentas del Banco Riggs y otros del país del norte. US$ 6 millones pagó por cerrar ambas causas.
En 2014, la justicia chilena decretó un sobreseimiento temporal “hasta que se presenten nuevos antecedentes y mejores elementos de convicción”. De ahí en más, la responsabilidad del banco había quedado cerrada, al menos internamente.
Pero en julio de este año, todo volvió a la mente del presidente, Pablo Granifo, y del controlador, Andrónico Luksic, los mismos que enfrentaron el tema a mediados de los 2000; hechos que fueron develados luego de una investigación del Senado de EEUU a propósito de la caída de las Torres Gemelas en 2001.
El jueves 8 de julio a las 6:43 horas, un correo electrónico desde la “Audiencia Nacional Sala Penal Sección 4 de España” llegó al Ministerio Público chileno. En el documento adjunto se informaba que el 13 de enero de este año la Audiencia Nacional decidió reabrir la causa en particular para investigar y juzgar el rol del banco en el entramado financiero del ex dictador. Los antecedentes que tenían, indicarían que en Chile eso no era cosa juzgada.
Pablo Granifo, a quien sus pares del directorio recuerdan haber visto muy afectado hace más de una década, esta vez se mostró enfático y decidido. “Este es un capítulo cerrado, ya no hay nada más que aportar”, habría dicho.
Y así, volvió a activar casi el mismo comité legal de entonces. Carlos Balbontin y Hugo Rivera, lo defienden a él como persona natural, a quienes se sumaron Waldo Bown, mientras que Raúl Tavolari defiende al Banco de Chile, más toda la fiscalía interna de la entidad y otras unidades que siguen el caso de cerca.
Esta vez, la decisión en el directorio fue ir con todo, no hubo voces divergentes como sí ocurrió en 2009, cuando varios creían que el CDE no tenía por dónde ganar el caso en EEUU. El mismo Luksic mostró su total apoyo a su mano derecha en el banco. Sabían que era complicado volver a abrir un caso de este tipo, más aún con todo el ambiente político local.
Caso se queda en Chile
Hay dos versiones de todo. El banco asegura que la causa sí está siendo investigada en Chile, pero está con sobreseimiento temporal porque no hay nada nuevo que aportar. Además, en los escritos presentados a la Suprema reiteró que la jurisdicción del caso era chilena, y no española en ningún caso.
La Fundación Salvador Allende de España, uno de los querellantes en este caso y que dice representar a 22 mil víctimas de la dictadura de Pinochet, estima que la justicia chilena no investigó en particular la responsabilidad del banco en un eventual blanqueo de capitales, sino que indagó a la familia, a militares y asesores de Pinochet, y no al banco ni a sus ejecutivos.
De hecho, consultados por DF MAS, desde España el presidente de la entidad, Joan Garcés, responde que ellos se basan en los descubrimientos realizados en EEUU para volver a la carga contra el banco. En uno de los documentos que envió la fundación se indica que “la investigación del Subcomité (del Senado) ha examinado cuatro grupos de transacciones que implican al Banco de Chile, fondos de Pinochet y Estados Unidos”.
Y concluye que “estas transacciones ilustran cómo Augusto Pinochet se sirvió de varios servicios bancarios para mover fondos a través de líneas internacionales, a menudo dejando apenas un rastro que los investigadores pudieran seguir y auditar”.
Y ejemplifica con que “la documentación del banco muestra que, en por lo menos 13 ocasiones entre 1990 y 1997, cheques de caja extendidos por Banco de Chile fueron utilizados para transferir fondos desde Chile a cuentas de Pinochet en el Banco Riggs en Estados Unidos”.
El banco, en tanto, reiteró a este medio que la corte española ya había intentado dos veces un exhorto para investigar al Chile en la justicia española, lo que había sido rechazado.
Por eso, la sorpresa al interior del banco fue mayúscula cuando la Suprema acogió el exhorto el pasado 23 de agosto, sin embargo, haciendo la salvedad que el exhorto es para “poner en conocimiento el auto dictado el trece de enero último, emanado de la Audiencia Nacional Española, en cuanto decretó el desarchivo y reapertura de la causa, sin que conste en los antecedentes remitidos algún pronunciamiento de fondo que pudiera afectar la competencia de los Tribunales Chilenos, y de esa manera la soberanía nacional o, en su caso, el orden público, que es lo que permitiría a esta Corte denegar la cooperación internacional requerida en el marco del procedimiento penal de que se trata”.
Desde el banco responden a DF MAS que “la notificación de la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España no implica en caso alguno constituir a las personas o instituciones notificadas como parte en el procedimiento español, como tampoco formulación de cargos en contra de las mismas. En todo caso, la competencia y jurisdicción para conocer los hechos indicados corresponde exclusivamente a los Tribunales Chilenos, que la están ejerciendo en la causa seguida ante Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago”.
En la Fundación Allende, no aclararon cuáles serían los nuevos pasos a seguir en España. Lo cierto es que si existen nuevos antecedentes, podría reactivarse el caso a la par en Chile. Ello, porque el sobreseimiento temporal del caso fue “hasta que se presenten nuevos antecedentes y mejores elementos de convicción”.
De cualquier forma, si es que Madrid quisiera pedir declaraciones de ejecutivos o su participación en el juicio, debe remitir los antecedentes como un nuevo exhorto a la Corte Suprema chilena, para que ésta autorice. En el banco creen que eso no ocurrirá, dada la investigación abierta en Chile en este mismo caso.
El caso además es seguido de cerca por la Comisión para el Mercado Financiero, por las implicancias que pudiera tener en el banco. “La CMF, conforme a sus facultades, se encuentra monitoreando la situación descrita, respecto de lo cual no podemos entregar más detalles dada la reserva legal que aplica en estos casos”.
¿Un acuerdo económico?
En el directorio del banco se ha analizado la conveniencia de llegar a un acuerdo con la Fundación Allende, pero la estrategia legal del banco ha sido oponerse a ello. Todos recuerdan los US$ 8 millones que desembolsó el Riggs con la Fundación para dar por cerradas las aristas. Pero con el Chile esa opción no ha estado formalmente sobre la mesa.
“Banco de Chile ha suscrito acuerdos y ha satisfecho varios millones de dólares de reparación del daño causado a la normativa de la Reserva Federal de EEUU y del Estado de Chile, (pero) no se ha acercado hasta la fecha a los más directamente afectados, a las 22.248 personas físicas a las que el Tribunal español ha concedido y concede amparo en su calidad de víctimas del blanqueo de capitales y alzamiento de bienes del dictador en el que han participado el Banco de Chile, sus filiales, Pablo Granifo Lavín y otros directivos”, asegura Garcés, de la Fundación a DF MAS.
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