A comienzos de julio, el Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) con el objetivo de equiparar el régimen de la estatal con el que actualmente tiene Metro en la concreción de obras ferroviarias.
La iniciativa incorpora un nuevo artículo que exime a EFE del pago de derechos y tributos municipales asociados a la construcción de infraestructura ferroviaria vinculada a su objeto -como vías férreas, túneles, estaciones, talleres y subestaciones eléctricas- y establece que dichas obras serán consideradas infraestructura ejecutada por el Estado, por lo que no requerirán permisos municipales de construcción.
Según el mensaje del proyecto, el propósito es adecuar el marco jurídico de la empresa a la naturaleza de las inversiones que ejecuta, al tratarse de infraestructura pública destinada a fortalecer la conectividad y el transporte ferroviario. La iniciativa se presenta en momentos en que EFE desarrolla una cartera de inversiones cercana a losUS$ 6.400 millones a 2031 (de acuerdo a la última memoria de la empresa, por lo que podría cambiar con el nuevo gobierno), encabezada por proyectos como Alameda-Melipilla y Santiago-Batuco, además de su apuesta por triplicar el transporte de pasajeros. El Ejecutivo sostiene que, al igual que Metro, la estatal desarrolla obras de interés público, por lo que resulta coherente otorgarle un tratamiento equivalente para facilitar su ejecución.
US$6.400 millones es la cartera de inversión de la estatal
Menos costos y más certezas
Uno de los principales efectos que persigue la iniciativa es reducir los costos y la incertidumbre administrativa que hoy enfrentan los proyectos ferroviarios al ejecutarse en distintas comunas.
Un exejecutivo de EFE, conocedor de la ejecución de proyectos ferroviarios y que habló bajo reserva, explica que una parte importante de la inversión en iniciativas como Alameda-Melipilla o Santiago-Batuco se destina a la construcción de pasos desnivelados, estaciones y faenas, lo que obliga a utilizar bienes nacionales de uso público administrados por los municipios. En ese contexto, sostiene que los cobros asociados a esas autorizaciones podían transformarse en una carga relevante para el desarrollo de las obras.
“Lo último que me transmitieron es que estábamos hablando de decenas de millones de dólares potenciales”, afirma, precisando que el monto podía variar según la magnitud y características de cada proyecto.
Para Álvaro Peña, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el proyecto de ley constituye un cambio relevante porque “reduce dos fuentes de incertidumbre: los costos municipales y la tramitación de permisos de construcción ante distintas municipalidades”.
A juicio del especialista, en obras lineales y multicomunales esta homogeneización permitirá evitar criterios dispares entre municipios y reducir gestiones sucesivas, otorgando mayor certeza presupuestaria y de programación para las inversiones ferroviarias.
Peña sostiene que el impacto sería especialmente relevante en proyectos como Alameda-Melipilla, que atraviesa ocho comunas, y Santiago-Batuco, que cruza cinco, ya que la existencia de múltiples municipios puede traducirse en criterios distintos para la tramitación de permisos y cobros asociados a las obras. “Puede acelerar significativamente las etapas administrativas municipales, pero no reemplaza una gestión integral del proyecto”, afirma, apuntando a factores como las expropiaciones, permisos ambientales y sectoriales, traslado de servicios, licitaciones, construcción, sistemas ferroviarios y puesta en servicio.
En la misma línea, el exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, respaldó la iniciativa y afirmó que “la exención de derechos municipales a EFE la asimila en esto al Metro, lo que es justo dado el valor público que tiene EFE para Chile”.
Agregó que el cambio “ayudará a viabilizar proyectos de pasajeros y de carga y, al mismo tiempo, ayudará a simplificar la gestión a EFE y municipios”, por lo que estimó que “es una ley que debe apoyarse”.
Agilizar sin perder coordinación
Pese a valorar el proyecto, Peña advierte que la exención del pago de derechos municipales y la eliminación de permisos de construcción no debieran traducirse en una menor coordinación con los gobiernos locales.
A su juicio, la modificación permitirá acotar controversias sobre permisos, cobros y ocupación de bienes nacionales de uso público al establecer una regla uniforme para todo el país. Sin embargo, enfatiza que la autoridad comunal seguirá teniendo un rol clave durante la ejecución de las obras.
“Los municipios continúan siendo actores fundamentales para resolver desvíos de tránsito, accesibilidad, interferencias con servicios, seguridad vial, integración urbana, reposición de veredas y calzadas, manejo de áreas verdes y comunicación con las comunidades”, afirma.
En ese sentido, plantea que la reforma debiera complementarse con protocolos obligatorios de coordinación temprana, información sobre los programas de obras y mecanismos para la restitución de los espacios públicos intervenidos.
“La agilización regulatoria debe reducir burocracia, pero no disminuir los estándares técnicos ni la debida inserción territorial de las obras”, concluye.
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