15 recursos de protección en contra de la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, se han presentado en los últimos meses en prácticamente todas las Cortes de Apelaciones del país. Y aunque casi todos han sido rechazados, varios pasaron a la Corte Suprema y están a la espera de una resolución final.
De las 15 acciones judiciales, 12 han sido presentadas por un mismo estudio: León & Cía., del abogado Rodrigo Pablo León Pinto, quien fue precandidato a la Convención Constitucional por el Distrito 17 de Talca y Curicó como carta del Partido Republicano, la tienda de José Antonio Kast.
Él, en todo caso, ya no pertenece a esa colectividad y consultado por DF MAS dijo que dejó el partido porque “tuve muchas diferencias con ellos en razón de que no me quisieron llevar (como candidato); y a que yo tengo serias, profundas y graves diferencias con José Antonio Kast”.
También especificó que la presentación de las acciones judiciales se debe “efectivamente a una acción coordinada, por nuestra parte, a nivel nacional” y que la decisión de acudir a casi todas las Cortes de Apelaciones se justifica en que cada presentación se hace según el domicilio de quienes se sienten afectados por las decisiones de la Convención.
“Si la Convención insiste en salirse de las reglas del juego que está en la Constitución actual y no respetar el mandato que se le dio, nosotros seguiremos colocando acciones legales”, advierte.
Prácticamente todos quienes se han querellado contra Loncón y la Convención Constitucional a través del abogado León Pinto son militantes o simpatizantes de Republicanos o en sus redes sociales se definen como de derecha o nacionalistas.
“Todo estos recursos no son del partido y yo aquí estoy actuando de forma absolutamente independiente y no represento a ningún partido político, solo represento a ciudadanos independientes”, sostuvo.
El reclamo central de esta docena de recursos es que las decisiones de la Convención Constitucional, especialmente su reglamento, los plebiscitos dirimentes y la decisión de sancionar el negacionismo vulneran los derechos constitucionales, “al desobedecer su mandato y atribuirse el ejercicio de la soberanía excediendo con creces el marco jurídico político que le dio origen y legitimidad”, sostienen los recursos, casi todos idénticos. Todos incluyen una larga lista de otras personas que se hacen parte de las acciones judiciales.
“La Corte rechazó un recurso, pero ahora está pendiente uno en Valparaíso, que fue admitido a tramitación, y hay otros que están pendientes en apelación en la Suprema, y vamos a seguir hasta el Tribunal Constitucional. Este asunto continúa y no está zanjado de forma definitiva, vamos a insistir hasta el final”, sostiene León.
Entre los representados por León Pinto también figura el exdiputado y ex candidato presidencial Tomás Jocelyn-Holt y Mario Esquivel Lizondo, el abogado y ex candidato a diputado por Magallanes del Partido Democracia Regional Patagónica (derecha), que en 2020 se querelló contra la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, por el video de los niños cantando sobre las evasiones durante el estallido social de 2019.
Hace algunos meses, Esquivel puso en jaque la candidatura de Marco Enriquez-Ominami (MEO) al recurrir al Tribunal Electoral pidiendo que lo bajaran, debido a sus problemas judiciales. En los recursos contra Loncón, Esquivel firma por sí, y en representación de la Agrupación de Abogados por la Libertad y Democracia, la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos y 3.163 personas naturales.
Los otros recursos corresponden al estudio del propio convencional Rodrigo Logan, donde reclaman por la exigencia de hacerse PCR con frecuencia y del abogado Fernando Leal, quien pide a la Corte que obligue a la Convención a incluir a la inmigración como un derecho fundamental. Ambos fueron declarados inadmisibles.
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