El exministro de Justicia, Jaime Campos, finalmente reconoció que se negó a cumplir la orden de la expresidenta Michelle Bachelet con respecto al cierre de Punta Peuco, a horas del cambio de mando.
A través de un video dirigido a miembros de la Gran Logia Masónica de Chile, el exsecretario de Estado aseguró que hasta el viernes 8 de marzo no había recibido instrucciones por parte de la exmandataria, pero que el sábado y domingo recibió la instrucción.
"De una manera a mi modo de ver extraña, el sábado 10 en la noche y el domingo 11 en la mañana, a horas de la transmisión de mando, me plantearon la necesidad de ejecutar un acto administrativo que no implicaba el cierre de Punta Peuco como algunos indican, pero que objetivamente se refería a él", explicó.
Tras ello, Campos se negó a realizarlo ya que consideró que el planteamiento no era viable jurídicamente y que se trataba de una "maniobra política".
"Les advertí que ese acto jurídicamente era ineficaz, que no iba a producir efecto material alguno, y que me parecía sólo una maniobra política comunicacional efectista y que, por cierto, para ello no me prestaba. Además, les indiqué que del punto de vista jurídico, la proposición que me estaban haciendo adolecía de errores que lo podrían transformar en un documento ilegal", declaró.
"A horas del proceso de transmisión de mando, un acto de esta especie lo único que iba a lograr era empañar la tradición republicana chilena y con el propósito de evitar ese bochorno, por cierto que me negué a hacerlo", subrayó.
Además, el extitular de Justicia afirmó que durante los años que estuvo al mando de la cartera le planteó a Bachelet en seis oportunidades tomar una decisión sobre Punta Peuco, pero no fue escuchado.
"Cuando asumí, en octubre de 2016, le planteé a su excelencia la Presidenta de la República la necesidad de adoptar una resolución sobre la situación que requiere el penal denominado Punta Peuco. En esa ocasión, me advirtió que era una materia muy compleja, que contenía aristas políticas, militares, penitenciarias, de seguridad y que por ende la resolución se iba a adoptar más adelante", dijo en el video.
Añadió que "en el año y medio de mi ejercicio ministerial, en seis ocasiones le volví a señalar la necesidad y la urgencia sobre de que adoptásemos una resolución sobre el particular. Incluso, como Ministerio de Justicia le planteamos dos o tres alternativas legalmente válidas y de un punto de vista práctico absolutamente viable, a objeto de concretar nuestros deseos y anhelos en orden al encontrar una solución sobre esta materia, sin embargo nunca tuve respuesta sobre ello".
Con todo, respondió a las críticas que han surgido por negarse a cerrar el polémico penal: "Nunca he pretendido amparar a los violadores de derechos humanos como algunos lo sostienen, por el contrario, durante un año y medio traté y encontré respuestas para dar solución a esa materia, sin embargo quienes debían adoptar las resoluciones políticas pertinentes en el momento oportuno no lo hicieron".
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