Fiscalía pide 21 años de cárcel para el desaforado senador Jaime Orpis
Se trata de la más alta condena para un político. En tanto, para la ex diputada de la UDI, Marta Isasi y el ex ejecutivo de Corpesca solicitaron siete años.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 15 de marzo de 2018 a las 14:18 hrs.
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La más alta condena para un político es que la pidió esta mañana el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo Escobar, junto a la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, contra el desaforado senador de la UDI, Jaime Orpis Bouchon: 21 años de presidio efectivo e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, según informa LaTercera PM.
El congresista esta acusado en el caso Corpesca y sería el único juicio oral que se realizaría en los casos de financiamiento ilegal de la política. La investigación surgió hace tres años, cuando un asesor de la exdiputada Marta Isasi confesara haber emitido boletas falsas a la pesquera del grupo Angelini.
Esta presentación es el puntapié inicial para que se agende la preparación de un juicio oral por los delitos de cohecho (se solicitó seis años de cárcel), por delitos tributarios reiterados (3 años y 1 día), y por fraude al fisco reiterado (12 años de cárcel).
Orpis ejerció como diputado y senador entre 1990 a 2016 cuando fue desaforado por la Corte Suprema y el Ministerio Público lo formalizó por los delitos ya mencionados.
La investigación de la fiscalía arrojó que entre los años 2009, 2010 y 2013, el senador estando en ejercicio en el Congreso solicitó al entonces gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, un beneficio económico consistente en la entrega regular de distintas sumas de dinero a cambio de favorecer a la empresa del grupo angelini en la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca.
A cambio, Orpis habría recibido más de $ 233 millones.
Además, para la ex diputada de la UDI, Marta Isasi, se solicitó siete años de cárcel por los delitos de cohecho (cuatro años) y tributarios (un año); mientras que para el ex ejecutivo de Corpesca se solicitó la misma condena tras ser acusado de sobornar a un parlamentario y por los delitos tributario asociados a la petición de boletas falsas e incorporación a la contabilidad de esos documentos fraudulentos.
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