Por Carlos Alonso M.
Mientras el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sigue avanzando en la realización del Censo abreviado 2017, todavía existen cuentas pendientes del proceso anterior que lideró el ex director del organismo estadísticos, Francisco Labbé.
Dentro de ese proceso, la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad recibió a comienzos de la semana pasada, el segundo informe que le solicitó al Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) para completar el proceso de investigación de fallido Censo 2012.
Si bien ya en febrero, el organismo internacional
le hizo llegar el primer informe donde describió la serie
de irregularidades que cometió la administración de Labbé para llevar adelante el levantamiento estadístico, este segundo documento contiene una serie de respuestas “técnicas y precisas” que la fiscalía le envió y que apuntan a resolver aspectos concretos de los errores que se cometieron en el proceso anterior.
El objetivo de solicitar los documentos es determinar si existen causales de delito dentro del fallido proceso 2012 y, con ello, avanzar en una eventual formalización de cargos.
La investigación, que comenzó en abril del año pasado, recae sobre el ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, y sus colaboradores más cercanos.
Los errores
El primer informe que recibió el Ministerio Público describe como uno de los principales errores del levantamiento de datos el poco tiempo que el INE se tomó para realizar el cambio metodológico, que lo llevó de pasar de un censo de hecho a uno de derecho y sin un trabajo técnico previo, lo que sería la principal causa que llevó a que el INE cometiera errores en el proceso de información.
Otro de los puntos que se cuestiona es si la metodología que utilizó el INE para recopilar los datos de las viviendas en que no hubo respuestas o no fueron logradas. Sobre esto, Celade le advirtió al ente estadístico que los procedimientos que estaba utilizando para sustituir hogares, sobre la base de suponer que las personas faltantes tienen similares características que las personas utilizadas para sustituirlas, era “algo que muy rara vez sucede”, ya que los propios procedimientos son “muy complejos”.
De insistir con ese proceso, el organismo le recomendó al INE que toda la información fuera entregada con transparencia, explicando claramente las viviendas efectivamente censadas con las estimadas.
Sin embargo, a la luz de los hechos, ninguna de esas advertencias las consideró Labbé a la hora de llevar adelante su plan de trabajo. Tampoco en la publicación de datos se distinguió entre ambos aspectos.
Con estos antecedentes en manos de la fiscalía se inicia la recta final de la investigación para determinar si hubo o no delito que amerite formalizar a Labbé y sus cercanos por el eventual delito de falsificación de instrumento público.
La querella del CDE
En junio, además, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte del proceso y presentó una querella criminal en contra de Francisco Labbé, por el delito de falsificación de instrumento público.
Según dicho documento, la querella se fundamenta
en que “los hechos investigados hasta la fecha giran en torno al presunto falseamiento de cifras del Censo 2012, mediante la inclusión de datos no reales, sino que estimados, a partir de la metodología de levantamiento de información que se distancia de lo que debió ser aplicada”. En este punto se destaca que la adulteración de datos oficiales se habría presentado con dos grupos de viviendas: las no logradas y las con moradores ausentes.
La querella del CDE, al igual que los informes de Celade, enfatiza en la poca preparación que hubo para cambiar de la modalidad de hecho a derecho. Esta modificación “es relevante”, se explicó, ya que cambia de modo sustancial las metodologías de levantamiento de información afectando los resultados y la calidad de los datos.
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