En medio de la crisis por los incendios, los cuestionamientos no dan tregua al gobierno de Michelle Bachelet. Ahora, al flanco lo abrió el anuncio de un reportaje de la revista brasileña “Veja” sobre aportes de financiamiento de la empresa OAS con la campaña de la Presidenta, cuyo contenido se conocerá hoy en su total extensión.
La vinculación de la firma constructora -investigada por corrupción y financiamiento irregular de campañas políticas del caso Lava-Jato en Brasil- revive las acusaciones de marzo de 2006, que apuntaron al entonces candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.
En el reportaje titulado “Revelaciones de los publicistas”, José Cavalcanti ‘Duda’ Mendonça y João Santana, dos integrantes del Partido de los Trabajadores (PT), asegurarían que la compañía habría interferido clandestinamente en las elecciones de Chile a través de aportes a la campaña presidencial. Esto, en el marco de la delación compensada a la que se acogerían los investigados.
Aunque trascendió que la Presidenta tomó con tranquilidad la publicación, durante el balance que Bachelet realiza diariamente sobre los avances del combate de incendios no dio espacio a ninguna consulta. En esta conferencia, además, la mandataria se vio acompañada de su jefa de gabinete Ana Lya Uriarte y su directora de prensa Haydeé Rojas, quienes coordinadamente siguieron sus declaraciones.
Quien sí salió al paso de las acusaciones fue la ministra vocera Paula Narváez, quien rechazó tajantemente vínculos con la cuestionada empresa.
“Como ya lo dijimos hace meses, descartamos decididamente cualquier vinculación entre la campaña y la empresa tajantemente y rechazamos abiertamente cualquier intento de enlodar la campaña de la presidenta Bachelet con hechos que no tienen asidero”, señaló.
Prescripción
Ante los nuevos antecedentes, el Fiscal Nacional Jorge Abbot aclaró que habrá que revisar si los hechos serían constituidos de delitos, aunque bajo la Ley electoral ya habrían prescrito.
“Hay que ver exactamente en qué forma se habría producido el financiamiento con infracción a la ley, que puede ser una infracción a la ley electoral, que tiene un plazo de prescripción de un año, que ya transcurrió, y otro tema es si producto de ese delito se ha cometido otros delitos como fraudes tributarios, que es la investigación que hay que hacer”, dijo a radio Cooperativa y agregó: “No hay antecedentes, al menos aquí en la Fiscalía Nacional en esa línea”.
Representantes del oficialismo apoyaron a la Presidenta, aunque no descartaron que se investigue. “No porque una publicación periodística lo diga, uno lo va a dar por sentado. No me cabe duda que tendrá que haber una adecuada explicación frente a estos hechos y precisar y aclarar las cosas”, dijo Ernesto Velasco, presidente radical.
“Es una situación en curso, eso se tiene que investigar, lo que no podemos hacer es hacer un juicio anticipado, estos son solo rumores”, dijo la diputada PC Karol Cariola.
La derecha exige que se investiguen antecedentes que publicará medio brasileño
En contraste con la forma como han actuado los dirigentes de oposición en el caso del intercambio de correos entre la presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, y el ex gerente de Asipes, Luis Felipe Moncada, ayer los diputados Paulina Núñez (RN) y Felipe Ward (UDI) exigieron a la Fiscalía que investigue en Brasil si es necesario la eventual colaboración de la constructora OAS con la campaña presidencial de Michelle Bachelet, información conocida en Chile a raíz de un trascendido periodístico de la revista brasileña "Veja".
Mientras en el caso de la dirigenta gremialista, sus pares se han negado a pronunciarse públicamente sobre el tema argumentando que no existe una investigación en curso y que no son "comentaristas" de "trascendidos de prensa", en el de Bachelet, inmediatamente conocida la filtración, los legisladores solicitaron a la Fiscalía que extienda la investigación que ya realiza por el financiamiento de la campaña de Marco Enríquez- Ominami y que la fiscal Ximena Chong viaje a Brasil si se requiere.
Fue la diputada Núñez quien abrió los fuegos, pidiendo al Ministerio Público que "dada la denuncia ingresada por estos diputados en abril del 2016, que extienda esta investigación a la Presidenta de la República. Que así como la fiscal Ximena Chong, conocida por su responsabilidad en la investigación en cada uno de los casos y su detalle en llegar hasta las últimas consecuencias, en este caso no se detenga, si es necesario que viaje a Brasil que lo haga".
La diputada enfatizó en que la legislación chilena prohíbe el financiamiento externo de campañas, porque "lo que está en juego al momento de devolver algún favor es el interés del país y eso no lo podemos permitir". Y no descartó iniciar alguna acción fiscalizadora al inicio del año legislativo.
Lo propio hizo Ward, quien añadió que en este caso "se requiere un pronunciamiento de la Fiscalía con respecto a si ampliará la investigación" porque OAS "es una empresa que tiene prontuario, que está eventualmente vinculada al financiamiento de la campaña de la Presidenta". Y advirtió que "estamos frente a un caso más grave que lo vivido con Caval, porque no sólo se afecta el entorno de la familia presidencial, sino que directamente la figura de la Presidenta".
Los diputados concluyeron instando al Ministerio Público a que "llegue hasta las últimas consecuencias por financiamiento desde el extranjero de empresas corruptas y condenadas en ese país. No lo podemos permitir".
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