El Tribunal Constitucional (TC) corre con ventaja para convertirse en la próxima parada del ya tramitado proyecto de ley que busca modernizar y fortalecer el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Así trascendió ayer según fuentes oficiales, luego que se conociera la tarde del lunes que la Contraloría General de la República decidió “no darle curso al decreto promulgatorio” de la iniciativa, ingresado por el presidente Sebastián Piñera.
A la luz de la citada resolución, en el gobierno se activó –de la mano de la cartera de Economía- el análisis de todos los escenarios que se abren para proceder en circunstancias poco prometedoras para el proyecto.
Una de las primeras opciones que tiene el Ejecutivo es volver a recurrir al Tribunal Constitucional -en un plazo de 10 días- para que aclare las discrepancias entre el pronunciamiento de Contraloría y la resolución que dio el Tribunal Constitucional (TC) en enero pasado respecto de la cantidad de artículos que serían inconstitucionales.
Si bien por ahora esta sería la vía más plausible, hay sectores que no estarían de acuerdo ya que es una opción que generaría conflicto con el Contralor Jorge Bermúdez.
De tomar este camino, advierten conocedores del caso, se podría interpretar que el Ejecutivo está acusando al Contralor ante el TC de haber actuado de forma inconstitucional. Esto, por cuanto en su resolución Bermúdez habría considerado como inconstitucionales artículos que no estarían contemplados en la parte resolutiva del pronunciamiento del TC, pero sí en el cuerpo del texto que el organismo entregó en enero.
Los otros caminos en carpeta
Otra opción según conocedores del tema, y que al mismo tiempo sería más factible, es que el texto regrese a la Cámara de Diputados para ser corregido, y que dicha instancia sea la que elimine los artículos declarados inconstitucionales por el Tribunal.
Este punto es respaldado por Jaime Lorenzini, socio de Lorenzini Consultores, quien señaló que “no es una decisión del poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía o del Presidente corregir un decreto promulgatorio que viene así desde el Congreso. La situación es muy incómoda”.
En esa línea, el experto señaló que “lo que hay que hacer es un trabajo pausado, de alta reflexión para evaluar todas las alternativas”.
La alternativa que el texto regrese a la Cámara Baja es una buena opción para algunos, ya que el tema se podría zanjar entre una y dos semanas, por lo que la promulgación del texto no sería compleja. Pese a esto, hay sectores que señalan que el gobierno no optará por esta alternativa, ya que no tiene interés en promulgar la ley que aprobó el Congreso en octubre pasado.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernandez, señaló que “es una posibilidad, pero lo importante es resolver el problema político de fondo que genera el Tribunal Constitucional para nuestro sistema democrático”.
Sobre esto, la parlamentaria criticó que “estamos ante un problema institucional generado a partir de que el Tribunal Constitucional no enmendó el error que cometió en la sentencia y que la Cámara le hizo ver al Tribunal en su minuto. Esto daña nuestro sistema democrático”.
Otro camino para el director del Centro de Regulación y Consumo de la Universidad Autónoma, Sebastián Bozzo, de acuerdo al artículo 99 inc. 3 de la Constitución, es que el Presidente de la República podría “conformarse con la representación y, por lo tanto, debería hacer los ajustes requeridos por Contraloría al texto a ser promulgado y someterse a un nuevo control”.
Sin embargo, a juicio del académico, esta alternativa podría abrir un eventual conflicto con el Congreso.
Una ley corta, de acuerdo a abogados, no sería una vía para “destrabar” la tramitación del proyecto, ya que sólo sería util para armonizar el contenido que quedó tras el paso de la iniciativa por el Tribunal Constitucional.
Esta opción sería para abordar temáticas que no fueron contempladas en el proyecto inicial, precisaron conocedores del tema, por lo que no ayudaría a impulsar su tramitación, ya que para esto es clave corregir el contenido de la ley, eliminando del texto los artículos que fueron declarados inconstitucionales.
Coordinación en el Ejecutivo
El ministro de Economía, José Ramón Valente, explicó ayer que conversó con el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, respecto del tema y el hecho de que la ley les da 10 días para pronunciarse. “Vamos a analizar y tomar la resolución que estimemos”, resaltó.
Añadió que es una materia que se debe estudiar con calma, “dado que efectivamente no hay precedentes”.
El actual director del Sernac, Lucas del Villar, afirmó que están “atentos a lo que resuelvan las instancias constitucionales correspondientes, somos respetuosos de la institucionalidad y de cada uno de los organismos públicos que desarrollen sus funciones, y estamos atentos al texto final que esperemos sea lo más coordinado y armónico posible para ponerla en implementación a la brevedad posible”.
Una historia de casi 4 años
- 3 de junio 2014
- Proyecto ingresa a la Cámara de Diputados. Iniciativa busca otorgar nuevas facultades al organismo para fiscalizar, sancionar, interpretar la ley y dictar normas de carácter general.
- 18 de mayo 2015
- Proyecto es aprobado en la Cámara tras una serie de indicaciones y cambios en las urgencias por parte del Ejecutivo. Pasa al Senado.
- 29 de septiembre 2015
- Con 33 fotos a favor, se aprueba en general. Plazo para indicaciones es ampliado desde el 9 de noviembre hasta el 14 de junio de 2016.
- 18 octubre 2017
- Vuelve a la Cámara de Diputados para su revisión tras ser aprobado por el Senado aunque con enmiendas. Ejecutivo dispone discusión inmediata.
- 24 de octubre
- Por unanimidad, Cámara aprueba modificaciones introducidas por el Senado. Normas relacionadas a facultades normativas y sancionatorias son aprobadas pero con una treintena de votos en contra. Empresarios expresan inquietud ante "gran cantidad" de facultades.
- 26 de octubre 2017
- Presidenta Bachelet decide no usar el derecho a veto y proyecto pasa al Tribunal Constitucional para control preventivo.
- 18 de enero 2018
- Tribunal Constitucional rechaza facultades normativas y sancionatorias que contemplaba el proyecto.
- 21 de marzo 2018
- Presidente Sebastián Piñera firma decreto promulgatorio y deja en manos de la Contraloría su futuro.
- 30 de abril 2018
- Contraloría respalda decisión del Tribunal Constitucional y decide no dar curso a la promulgación del proyecto al advertir normas "declaradas inconstitucionales".
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