Desde un punto de vista económico, la reforma tributaria se ha justificado sobre la base de que el Estado va a asumir mayores gastos en el futuro, principalmente debido a la reforma educacional, y que para financiar dichos gastos que son de carácter permanente se requieren ingresos que también sean de naturaleza permanente.
La idea de que gastos permanentes deben ser financiados con ingresos permanentes, si bien es bastante obvia y hasta básica, se enfatiza debido a que en el pasado muchos países latinoamericanos, incluido Chile, olvidaron esta premisa básica y terminaron con importantes crisis fiscales. En las décadas del 60, 70 y en muchos casos los 80 y 90, ingresos fiscales transitoriamente altos, asociados por ejemplo a la bonanza del cobre o a condiciones de liquidez internacional muy favorables, fueron destinados a programas de gastos de naturaleza permanente. Cuando los ingresos se normalizaron, los gobiernos se encontraron rápidamente con déficit fiscales importantes que terminaron con emisión inorgánica de dinero que derivaron en altos niveles de inflación y crisis cambiarias y de balanza de pagos.
Por lo tanto, argumentar que el Estado requiere ingresos permanentes para financiar sus gastos permanentes tiene sentido económico y también razones históricas de peso. Sin embargo, hay un par de matices importantes a considerar respecto de este tema. Los aumentos de impuestos no necesariamente constituyen aumentos permanentes de impuestos para el fisco. Este será el caso sólo en la medida que la base sobre la que se cobran dichos impuestos no sufra un deterioro por la introducción de los nuevos tributos.
Lamentablemente, la reforma tributaria planteada por el gobierno de Michelle Bachelet está diseñada de forma tal que es altamente probable que termine dañando la capacidad de crecimiento del país, y por lo mismo, la capacidad del Estado de cobrar impuestos sobre esos nuevos ingresos que debió haber generado el país. Si ese fuese el caso, entonces los recursos recaudados por la reforma tributaria necesariamente serían de naturaleza transitoria. A la larga, los impuestos recaudados por la reforma tributaria en algún momento terminarían siendo menores que los que se dejaron de recaudar producto del deterioro en la capacidad de crecimiento del país.
Una segunda consideración igualmente importante, tiene que ver con la confusión en que algunos analistas y, sobre todo algunos artículos periodísticos, caen comúnmente, al olvidar que Chile es más que el Estado de Chile. Chile es su estado más su sector privado (personas y empresas).
Estamos todos de acuerdo en que la reforma tributaria no crea nuevos recursos para el país, en el mejor de los casos, solo los transfiere desde los ciudadanos al Estado. Si personas y empresas decidieran seguir consumiendo e invirtiendo post reforma tributaria, de la misma forma que lo hacen hoy, les faltarían US$ 8.200 millones. Los promotores de la reforma han planteado que como Chile es una economía integrada al mercado de capitales del mundo, el mercado financiero local podrá encontrar fuera de Chile los recursos suficientes para cubrir las necesidades de gasto del sector privado, una vez que la reforma haya mermado los ingresos de personas y empresas en favor del sector público.
Siguiendo esta misma lógica, es fácil concluir que en la medida que el sector público se hace de nuevos ingresos producto de la reforma tributaria, el sector privado tendría que pedir prestada similar cantidad de recursos en el extranjero. Por lo tanto, tomando una visión integral del país, y o tan solo la visión parcial del presupuesto de la nación, Chile estaría financiando la reforma tributaria con préstamos conseguidos en el extranjero. Es decir, los gastos permanentes de Chile estarán siendo financiados con ingresos eminentemente limitados, y por tanto transitorios que produce la capacidad de endeudamiento externo del país. Por lo tanto, aún en el mejor de los casos, en que la reforma no afecta la capacidad de crecimiento del país, sólo sería cierto que el sector público financia sus gastos con recursos permanentes que vienen del sector privado, pero cuando pensamos en Chile como un todo, en realidad los gastos del sector público estarían siendo financiados con recursos transitorios provenientes del endeudamiento externo. Por tanto, ni siquiera en este caso extremadamente optimista, en el que no hay efectos negativos de la reforma sobre el crecimiento económico, sería cierto que los gastos permanentes se estén financiando con ingresos permanentes.
En definitiva, como lo sabe cualquier gerente y cualquier familia, la única manera de financiar más gastos permanentes, es creando ingresos permanentes y no transfiriendo ingresos de un lado para otro o entre miembros de una misma familia como pretende hacerlo la reforma tributaria.
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