“Tenemos el legítimo derecho a colocar nuestros matices, nuestra impronta como partido”, ha dicho en cuanta instancia ha podido el presidente de la Democracia Cristiana, senador Ignacio Walker. El parlamentario ha levantado la voz para defender los principios de su partido, dentro del proceso de concreción del programa de gobierno de Michelle Bachelet. Y si bien siempre ha dejado en claro el total apoyo de la DC a las reformas estructurales impulsadas por la mandataria, también ha establecido que su partido tiene el derecho de opinar, disentir y aportar. Conceptos que nada bien han caído en los sectores más progresistas de la Nueva Mayoría, quienes ya no sólo han visto ese legítimo derecho, sino que han apuntado a un torpedeo más de fondo hacia las políticas que impulsa el Ejecutivo.
Pero la defensa de “los matices” no ha salido de la voz de su timonel. En la comisión de Hacienda del Parlamento, por ejemplo, su presidente Pablo Lorenzini, también lideró la inclusión de indicaciones al proyecto original de Hacienda. Como ahora, también lo está haciendo el senador, Andrés Zaldívar desde la Cámara Alta. Y así, se podrían enumerar otra serie de parlamentarios o adherentes históricos del partido de la flecha roja, quienes han alertado sobre los alcances de los proyectos del gobierno. Por ahora, sólo han sido matices, pero que han causado gran ruido al interior, tanto del partido mismo, como en la Nueva Mayoría.
Educación
La libertad de elección y el uso de los recursos
Los reparos de la falange al proyecto que crea la figura de un administrador provisional y de cierre para universidades en crisis, apuntaron principalmente a las causales, donde la facultad del interventor de "reestructurar la institución" fue la más cuestionada, y los plazos que establecía el proyecto, argumentando que dos años prorrogables era demasiado tiempo para una figura "provisional". En tanto, en el sistema escolar, la DC ha planteado que los mecanismos considerados por el gobierno para terminar con el lucro malgastarían los recursos estatales, y que poner fin a la selección y al copago, atentaría tanto contra la diversidad de proyectos educativos, como con el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos. Las críticas DC también apuntan al orden utilizado por el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, para enfrentar la reforma educacional. En ese sentido, en el partido han enfatizado en que los primeros proyectos enviados por el Ejecutivo debieron haber sido posterior al fortalecimiento de la educación pública y a nivelar el sistema escolar.
Binominal
El temor al aislamiento
Pese a que desde un primer minuto y tras el envío del proyecto que pone fin al sistema binominal, se estableció desde todos los sectores del partido un apoyo irrestricto y sin matices a la iniciativa del Ejecutivo. En la discusión de la Comisión de Constitución Legislación y Justicia, de la Cámara de Diputados, aparecieron algunos puntos que no convencían del todo a la DC. En la instancia, el representante de la DC, diputado Fuad Chahín, explicitó los reparos de la tienda a los subpactos, pues este ítem del proyecto podría dejar aislado al partido de la falange ante una eventual concreción de sub pactos entre los sectores más de izquierda de la Nueva Mayoría. Un aspecto que el gobierno habria abordado en las indicaciones que ingresó la semana pasada.
El debate constitucional
El flanco que se abre
Si bien el debate constitucional, en lo medular, quedó pendiente para el próximo año, según expresó la presidenta Michelle Bachelet; el tema de la fórmula para llevar a cabo este cambio a la Carta Magna ya está generando un arduo debate al interior de los partidos oficialistas, específicamente ante la posibilidad de llevar a cabo una Asamblea Constitucional (AC) para tal efecto. Mientras La Moneda analiza un mecanismo "democrático, participativo e institucional" que podría quedar zanjado este año, en el Parlamento, se conformó la llamada bancada transversal por la AC, donde participa la diputada Yasna Provoste. Por su parte Walker, ya ha mostrado algunas reticencias a llevar a cabo una instancia de esas características y ha dicho que respetará la decisión que adopte la mandataria.
El aborto
La defensa de sus principios
Cuando la presidenta Bachelet anunció la idea de avanzar en la despenalización del aborto terapéutico en solo tres causales: agresión sexual, riesgo vital de la madre e inviabilidad del feto, al interior de la DC se prendieron algunas alertas, argumentado que en Chile ya existe un protocolo médico que vela por la salud de la madre y que por lo mismo, no habría necesidad de legalizar el aborto como lo plantea la mandataria. La falange también ha advertido que con la aprobación de la iniciativa se camina en dirección a expandir las causas para interrumpir el embarazo, con el riesgo de llegar, finalmente, a legalizar el aborto en todos los casos, algo a lo que se oponen tajantemente en defensa del "derecho a la vida".
Tributaria
El ojo en la clase media
La reforma tributaria fue el primer proyecto, de los emblemáticos del gobierno, que fue enviado al Congreso. A poco andar comenzaron a surgir los primeros reparos a lo que implicaba un aumento a los impuestos del pisco, alcoholes, y bebidas azucaradas. Posteriormente, y tras una serie de reuniones con académicos y economistas ligados a la falange surgieron nuevas discrepancias en torno a varias áreas que plantea el texto de Hacienda. En esa línea, la DC comenzó a alertar sobre los eventuales poderes discrecionales que tendría el Servicio de Impuestos Internos (SII), apuntando a elementos técnicos y jurídicos, como así también a posibles vicios de inconstitucionalidad.
Luego, comenzó un transversal discurso, liderado por su timonel, en torno a los efectos que podría tener el proyecto en la clase media, la inversión, el ahorro y las PYME. En ese plano, también se cuestionó el aumento en el tramo para el pago de IVA en la vivienda, que se situaría en 4.000 UF, aludiendo al impacto que tendría en los sectores medios. A la fecha, en el Senado, la DC está solicitando revisar la aplicación de la renta atribuida y la retención del 10% para las sociedades anónimas abiertas.
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