A casi ocho meses desde que la presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunciara una reforma al sistema de pensiones, el debate en torno a los cambios que debería experimentar está al rojo, no solo entre el gobierno y parlamentarios, sino también en la ciudadanía.
El eje central de la discusión es el aumento de 5% que experimentará la cotización obligatoria (hoy 10%), especialmente el destino que tendrán los fondos adicionales y si será un organismo público o privado el encargado de administrarlos.
De acuerdo a una encuesta realizada por Plaza Pública Cadem, más de la mitad de los consultados opina que la cotización extra debería ir en un 100% a la cuenta individual del trabajador y solo el 30% se inclina en dividirla por partes iguales: 50% para un fondo común y 50% para la cuenta de cada trabajador cotizante.
La idea de destinar todo el ahorro adicional a la cuenta individual es apoyada más por las mujeres que por los hombres (56% versus 52%), por el rango etario entre 35 y 54 años (57%) y logra más aceptación entre los mismos jubilados (63%) que entre quienes se describieron como trabajadores (51%).
Al analizar la respuesta por afinidad política, la propuesta alcanza más respaldo en aquellos que se definen como independientes (58%) o de centro derecha (55%), aunque logró niveles de aceptaciones cercanos al 50% en las personas de centro (51%) y centro izquierda (49%).
En tanto, la idea de que el 5% termine íntegramente en un fondo común solidario es la que exhibe el menor nivel de aprobación entre los encuestados, con apenas 11%.
Donde sí hay un acuerdo amplio es en que el porcentaje extra de cotización debe ser heredable, como lo son actualmente los fondos gestionados por las AFP: 88% apoya esa idea y solo el 11% considera que debe ir directamente a un fondo común.
¿Quién gestionará?
Respecto a la administración de los recursos adicionales, la mayoría coincide con la postura del gobierno, que la semana pasada confirmó que el 5% extra no será gestionado por las AFP, y se inclina por un organismo estatal: el 29% prefiere que la administración la realice un servicio público y el 25% opta por la figura de una AFP estatal, cuyo proyecto de ley duerme en el Congreso.
Solo el 16% apoya la opción de que las Administradoras de Fondos de Pensiones sean las que gestionen la cotización, aunque con la condición de que no exista un cobro adicional por su manejo.
Para la cotización obligatoria, actualmente las gestoras cobran una comisión que va desde el 0,41% al 1,54% de la remuneración o renta imponible, aunque el máximo bajará a 1,45% en mayo cuando AFP Provida haga efectiva la disminución anunciada a comienzos de marzo.
Otra opción que obtuvo un porcentaje no menor de apoyo (22%) fue que la gestión se quede en manos privadas, pero en una institución distinta a las AFP, como un banco o una compañía de seguros.
Finalmente, la aprobación respecto al aumento de la cotización obligatoria de 10% a 15% llegó a 58%, nivel similar al registrado en agosto del año pasado cuando la presidenta Bachelet anunció en cadena nacional los cambios al sistema de pensiones.
La desaprobación bajó de 33% a 29%, mientras que los indecisos aumentaron de 4% a 7%.
Subir edad de jubilación no gana adeptos
Otro de los tópicos que se ha debatido dentro de la mesa de trabajo entre el gobierno y los parlamentarios, que lideran los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés y de Trabajo, Alejandra Krauss, es si se debe elevar o no la edad de jubilación en Chile: solo el 15% está de acuerdo en el caso de las mujeres y el 17% en el caso de los hombres, el mismo nivel de aprobación tras el anuncio de la reforma en agosto.
Ante la pregunta de qué considera como una pensión digna, la mayor parte de los consultados se inclinó por una cifra que igualara su última remuneración (65%).
Del porcentaje restante, el 15% optó por un monto similar al salario mínimo (que hoy está en $ 264 mil) y otro 15% dijo que una cifra que alcance para pagar los gastos básicos.
AVANZA LA MESA DE TRABAJo
Una nueva reunión de trabajo se espera que realice este lunes el equipo que analiza cambios al sistema de pensiones, encabezado por el gobierno pero integrado por representantes de los partidos políticos y especialistas en la materia de distintas sensibilidades.
Del encuentro de la semana pasada, el primero luego del impasse entre los ministros de Hacienda y del Trabajo, sobre la administración del alza de 5% en la cotización previsional, un punto que quedó ya zanjado por las distintas partes es que dicho rol no corresponderá a las AFP.
El análisis, por ende, debiera incorporar las características del ente público que podría hacerse cargo de la materia. Sobre todo en el entendido que desde la oposición la mayor aprensión apunta a los resguardos para asegurar que los dineros gestionados no se ocuparán en otras tareas distintas a las orientadas a mejorar pensiones.
A lo anterior, por lo demás, ya comienzan a sumarse las propuestas de los pre candidatos presidenciales, que en algunos puntos coinciden con los cambios evaluados en la llamada mesa de pensiones.
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