La consulta pública virtual, realizada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en septiembre, constató que un 100% de los consultados consideró que la creación de un registro final de dueños beneficiarios de empresas en Chile "ayuda a entregar mayor transparencia a quienes realizan negocios, sea con el Estado o entre privados".
Asimismo, se señaló que un 92% indicó que consultaría la información de un registro de estas características y un 8% no lo consultaría debido al desempeño del área de trabajo, negocio u otros.
La consulta reveló que un 94% de los participantes indicó estar de acuerdo con la opción de que el registro de beneficiarios finales sea público y un 96% sostuvo estar de acuerdo con que las entidades públicas tengan pleno acceso a los datos del registro de beneficiario final. Se precisa además que entre quienes no consideran que el registro deba ser público argumentaron razones de seguridad de la información personal o que su uso sea para fines exclusivos de las entidades fiscalizadoras.
En cuanto a las razones para consultar el registro, un 34% sostuvo que la utilizaría con motivo de mecanismos de control (fiscalización, auditorías, evaluación, otros); un 23% con el propósito de dirimir posibles conflictos de interés o delitos de corrupción y un 19% con el objetivo de conocer sus clientes y proveedores.
Para los consultados por la UAF, es importante que las personas jurídicas informen lo siguiente con el propósito de conocer a sus verdaderos dueños: porcentaje de propiedad que poseen los beneficiarios finales de la sociedad o estructura jurídica (73%); datos de los accionistas o socios de las sociedades, relación con personas expuestas políticamente y datos de los beneficiarios finales (22%); y domicilio de la persona jurídica, domicilio de los beneficiarios finales, nombre completo de la persona jurídica (6%).
Las multas
Un 98% afirmó que deben establecerse sanciones penales por la entrega de información falsa sobre beneficiarios finales; el 76% indicó estar de acuerdo con sancionar tanto a la persona natural como jurídica, responsable de efectuar la declaración de beneficiario final y un 12% se inclinó por sancionar solo a la persona natural a cargo de la declaración y otro 12% por sancionar únicamente a la persona jurídica.
En otros resultados un 92% de los consultados señaló que es partidario de aplicar sanciones en dinero a las personas que no entreguen información; el 86% indicó que la información contenida en el registro, en caso de que la personas jurídica ya no esté activa, debe mantenerse por un máximo de 10 años; y el 80% de quienes respondieron considera relevante para el país tratar el tópico de beneficiario final.
La consulta fue realizada en el marco del trabajo que desarrolla la mesa intersectorial integrada por Chile Compras, el SII, la UAF, Chile Transparente y el Observatorio del Gasto Fiscal, para llevar adelante el compromiso de construir colaborativamente una propuesta de política sobre creación de un registro de dueños reales de empresas, conforme a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la OCDE.
En el marco del Presupuesto 2021, el gobierno y la oposición acordaron crear un registro final de dueños de empresas, pero en una primera etapa solo sobre proveedores del Estado.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
empresarios
