El debate que abrió el acuerdo para crear un registro de los dueños finales de las empresas

Un intenso debate se generó durante la tramitación de la ley de Presupuesto 2021. Y no solo respecto a partidas sensibles, como Educación, Salud, Cultura o Ciencia. En la negociación en la comisión mixta el fin de semana, el Gobierno y los parlamentarios acordaron la creación de un registro público de dueños finales de empresas.

En específico, Hacienda se comprometió a enviar al Congreso un proyecto de ley que establezca una nómina, pero limitándola en una primera etapa solo a las empresas que son proveedoras del Estado.

Aquello levantó críticas de entidades como el Observatorio del Gasto Fiscal, desde donde señalaron que se debería ampliar dicha obligación a todas las compañías.

La directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal, Jeannette Von Wolfersdorff, lamentó que no se avanzara a un registro de dueños de empresas en Chile y se acotara solo a las que se relacionan con el sector público.

"Llama la atención que se eliminara la creación de un registro de empresas con y sin relación con el Estado, porque se trata de un estándar OCDE que debiera conocer bien el gobierno y que está siendo promovido además por otras instituciones como la ONU", afirmó.

"Espero que lo reconsidere", acotó en alusión al Ejecutivo. "La ciudadanía pide terminar con los abusos y más transparencia; y para eso tener un registro de beneficiarios es clave, se conocen mejor las concentraciones económicas, las empresas que reciben subsidios o rebajas de multas y otros aspectos, eso con un registro nacional. Pero reducirlo al mercado público es una gestión inadecuada en materia internacional; no podemos elegir cuándo nos acomoda un estándar o no".

Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, el registro de proveedores "sin duda es un paso en la dirección correcta", destacando que un listado con todas las empresas no solo busca que haya más competitividad en el mercado público, sino que también "prevenir y combatir de manera efectiva el lavado de activos, fomentar mayor participación en la economía y entregar al mercado mayores señales de transparencia".

Aclaró que lo aprobado por la comisión mixta durante la tramitación del Presupuesto es lo comprometido por el Presidente de la República, por lo cual se materializa lo anunciado ante la sociedad civil. "Nunca se comprometió más allá de un registro para las compras públicas, aunque lo consideramos insuficiente", enfatizó.

En la comisión mixta, en la glosa de la partida del Ministerio de Hacienda, precisamente se acordó dejar establecido que "el proyecto de ley que moderniza la Ley de Compras Públicas, que se presentará durante el primer trimestre del 2021, contemplará los mecanismos para conocer a los beneficiarios finales de todas las empresas o sociedades constituidas en Chile que contraten con el Estado".

Y se añadió que "respecto de la creación de un registro de dueños finales entre privados, el Ministerio de Hacienda solicitará durante el primer trimestre del 2021 un informe a la OCDE, el que contendrá recomendaciones para su posible implementación. Dicho informe deberá ser presentado a la comisión especial mixta de Presupuestos".

El senador Jorge Pizarro (DC) valoró la norma acordada: "Esperamos que, junto a las ONGs que promueven la transparencia, avanzar en tener una institucionalidad que nos asegure eso".

Hacienda reitera disposición a regular

Desde el Ministerio de Hacienda desestimaron que se opongan al registro total. "Es un tema importante y que apunta en la dirección a la cual moverse. Pero es un tema complejo, no es para hacerlo a través de una glosa corta en la ley de Presupuestos. La robustez de la legislación debe ser acorde a la importancia y complejidad del problema", dijeron a DF.

Explicaron que, en paralelo, en la Ley de Presupuestos se acordó pedir a la OCDE que asesore a la cartera en el proceso de avanzar hacia un registro de beneficiarios finales a nivel privado.

"La idea es construir la hoja de ruta y acción en esta materia. Esa es la forma seria de abordar el problema".

A su vez, desde la secretaría de Estado enfatizaron que Chile ha participado "activamente en los enormes progresos que ha promovido la OCDE para establecer normas exigentes de transparencia e intercambio de información para fines tributarios, a fin de mejorar la capacidad de las autoridades tributarias para disuadir, detectar y desbaratar la evasión y el fraude en materia tributaria".