Una dura crítica a los principales lineamientos de la reforma tributaria realizó ayer la Sofofa, poniendo el foco en el impacto de alzas en los impuestos corporativos en el sector empresarial. Esto, pese a que como señaló el titular del gremio, Hermann von Mühlenbrock, el objetivo de financiar una gran reforma a la educación es una meta que “compartimos”.
En el marco de su exposición ante la comisión de Hacienda del Senado y en compañía de los asesores tributarios de la entidad Félix Bacigalupo y Gonzalo Sanhueza, el gremio planteó que en la práctica el impuesto de Primera Categoría pasaría de 20% a 35% -debido a la retención del 10% para los socios de sociedades anónimas abiertas-, con lo que Chile pasaría a ubicarse como el tercer país de la OCDE con mayores tributos corporativos.
“Con la reforma quedaremos con una de las tasas de impuestos corporativos más altas de la OCDE, lo que sumado al alto costo de la energía y la lejanía de los mercado de alto consumo, tiene un fuerte impacto en nuestra competitividad”, advirtió Sanhueza.
Dicho esto, abogó por la necesidad de que el país duplique su stock de capital en relación a su PIB, el cual se ubica en 2,2% del PIB, casi la mitad que EEUU, Canadá y Alemania, para que pueda mantener tasas de crecimiento estables en la próxima década.
Para ello, dijo el economista, es necesario perfeccionar el sistema tributario actual, pero dejando fuera la eliminación del FUT, la implementación del régimen de renta atribuida y la retención del 10%.
En base a cálculos del SII, la Sofofa estimó que un 4,5% de las empresas se verán impactadas por alguno de los incrementos impositivos o eliminación de regímenes de incentivos a la inversión que contempla la reforma.
Este 4,5%, dijo el gremio, representa el 91,1% de las ventas, el 71,9% del empleo y el 82,4% de las remuneraciones pagadas. Esto, considerando el corte en 25.000 UF de ventas por año.
En este contexto, el gremio industrial exhortó a los parlamentarios a incorporar incentivos para el ahorro y la inversión de las compañías, entre los cuales propuso establecer tasas impositivas diferenciadas que incentiven la reinversión, un sistema de equidad horizontal en base a renta percibida -no devengada- y un impuesto corporativo “competitivo” a nivel internacional.
“Se puede alcanzar un gran acuerdo nacional por un sistema tributario que sea eficiente y justo. Es posible avanzar en una propuesta alternativa que no tenga los cuestionamientos constitucionales, las dudas operativas que genera la tributación en base atribuida y, principalmente, que no afecte la inversión”, concluyeron los representantes del gremio industrial.
SNA y la renta presunta
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), por su parte, reiteró su inquietud ante los senadores por el efecto que tendrá el cambio en el régimen de renta presunta en las PYME del sector agrícola, las cuales representan el 99% de los contribuyentes del sector, el 66% del empleo y el 48% de las ventas.
La gerenta de Estudios de la SNA, Ema Budinich, quien expuso junto al titular del gremio, Patricio Crespo, estimó que el cambio de base retirada a devengada generará que entre 20.000 y 40.000 micro y pequeños productores pasarán a tributar por renta efectiva, “sin disponer de incentivos para reinvertir y capitalizarse”. Asimismo, alertó sobre el impacto que tendrán las modificaciones en los regímenes especiales 14 ter y 14 bis.
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