por sebastián valdenegro toro
Frenéticas han sido en las últimas horas las negociaciones para destrabar la redacción de las indicaciones de la reforma tributaria, las cuales debieran -en teoría- ser fruto del protocolo de acuerdo firmado entre gobierno y oposición el 8 de julio.
Y pese a los esfuerzos de Hacienda, hasta ayer el principal punto de discordancia seguía siendo la posibilidad de establecer límites a la reinversión de utilidades tras la creación de los dos nuevos sistemas tributarios: el parcialmente integrado y el de renta atribuida voluntaria.
La idea de los topes generó un impasse con los técnicos de oposición, ante lo cual su contraparte de Teatinos 120 propuso el domingo una fórmula para destrabar las discusiones, eliminando cualquier coto para la reinversión de recursos sin discriminar entre aquella destinada a la empresa o, bien, a algún instrumento financiero del mercado de capitales. Pero esta idea, en virtud de la cual la reinversión sería gravada con una tasa del 27%, si bien satisfizo a los técnicos de la Alianza y también al senador DC, Andrés Zaldívar, no logró lo mismo con el PS y al PPD, representados por los senadores Carlos Montes y Ricardo Lagos Weber, respectivamente, quienes ven en este esquema un riesgo adicional de elusión.
Más complejo aún, es que las diferencias entre las partes no se circunscriben a la reinversión de utilidades. La posibilidad de crear un registro público de las personas -naturales y jurídicas- adscritas al sistema de renta presunta también ha generado diferencias entre oficialismo y oposición.
“Podría ser ilegal y discriminatorio. Se podría prestar para apuntar con el dedo a algunos empresarios o para iniciar investigaciones”, advierte una fuente cercana a las tratativas.
El oficialismo buscaría insistir con la creación de este mecanismo -propuesto por Lagos Weber y Montes- para aumentar la fiscalización y la transparencia en el beneficio.
Asimismo, según fuentes cercanas a los equipos técnicos, en su momento se habría discutido bajar los topes para acogerse al beneficio de renta presunta, algo que los expertos habrían desestimado, ya que “se vulneraría el protocolo de acuerdo y tensionaría las negociaciones con las PYME”, dice una fuente.
Por último, en el seno de los equipos también habría discrepancias sobre el tratamiento que se le darían a los dos sistemas tributarios. “Debe establecerse claramente cuál es el régimen general y cuál es el optativo. Podrían generarse problemas para las cadenas de sociedades, como las cascadas, si no se establece explícitamente”, señala un conocedor de las negociaciones.
La presión de la Cámara Baja
Los diputados, por su parte, también buscarían plantear sus propios temas en la redacción del protocolo.
Según fuentes cercanas, son a lo menos 7 temas en los que la Cámara baja busca avanzar para influir en el proyecto: descongelar los montos acumulados en el FUT histórico, aplicándole una tasa a la reinversión que en el actual sistema aún no paga tributos; modificar los impuestos sectoriales, principalmente en los alcoholes; acotar aún más el tributo a los vehículos diésel importados; fortalecer las atribuciones de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA); mantener el registro para quienes se acojan a renta presunta; dotar de mayores recursos a Aduanas; y ampliar los plazos para que las PYME se acojan a la factura electrónica.
El panorama se anticipa complejo para Hacienda, ya que debe, por un lado, cumplir la palabra empeñada en el protocolo firmado con la oposición; y, por otro, cerrar focos de conflicto con los diputados oficialistas, evitando extender la tramitación a una comisión mixta. Ayer, los diputados de la comisión de Hacienda Pablo Lorenzini (DC), Manuel Monsalve (PS) y Sergio Aguiló (IC) se restaron de la reunión de coordinación, en señal de rebeldía por sentirse “excluidos” del protocolo del 8 de julio.
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