Por Claudia Rivas A.
Pese a que la UDI ha descartado irregularidades en el financiamiento de las campañas de sus candidatos, con el paso de los días en la tienda se ha ido instalando la preocupación por la arista política de la investigación que lleva el fiscal Carlos Gajardo, considerando que este martes planteó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) debería hacer uso de sus facultades, presentando una demanda por los antecedentes que maneja.
En medio de este escenario, este miércoles surgió una nueva arista con la información de Ciper que afirma que el ex senador, Jovino Novoa era el encargado de distribuir los aportes del Grupo Penta a los candidatos gremialistas. El aludido salió de inmediato a refutar la publicación, precisando que “yo jamás he participado en ningún financiamiento que no esté de acuerdo a la Ley (....) y jamás he actuado en forma ilegal en mi vida”.
De paso, Novoa también cuestionó las filtraciones de la Fiscalía, tema en que se ha focalizado la UDI en su estrategia de “control de daños”. Con ese fin, el presidente del partido, diputado Ernesto Silva, acudió ayer en la tarde a una audiencia con el fiscal Nacional, Sabas Chahuán, con el fin de expresarle su molestia por las filtraciones y pedirle que sean investigadas por considerarlas “prácticas ilícitas”.
En el gremialismo admiten estar preocupados por el curso de este caso, porque aun cuando están conscientes de que si se inician investigaciones por los financiamientos de las campañas, podrían ser afectados muchos partidos y candidatos. En ese contexto, saben que enfrentan un complejo escenario, porque desde el oficialismo están decididos a que la investigación llegue hasta el final.
De hecho ha trascendido que desde las cúpulas de la UDI se ha explorado la posibilidad de un acuerdo con el gobierno en el marco de las propuestas de financiamiento político reproduciendo lo ocurrido en el año 2003 entre Ricardo Lagos y Pablo Longueira y que dio origen a la actual legislación en materia electoral. Una posibilidad que, sin embargo, no se ve factible, sobre todo, porque en la Nueva Mayoría están convencidos de que la investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias, lo que no quita –dicen- que paralelamente, en el ámbito legislativo, se busquen fórmulas para perfeccionar lo que ya existe de manera que haya mayor fiscalización y transparencia.
Presión de la NM
En el oficialismo están conscientes de que en una investigación podrían surgir nombres de su sector, pero parten de la base que la UDI es la que va a resultar más perjudicada.
En esa línea, se han abocado a dejar en evidencia los altos montos que el gremialismo maneja en las campañas electorales, particularmente en el ámbito de los aportes reservados, algo que el diputado y experto electoral del PPD Pepe Auth comprobó elaborando un informe. A ello se sumó que los diputados DC, Ricardo Rincón y Gabriel Silber oficiaron al SII para que presente a la “brevedad” la denuncia par que se pueda investigar la arista política del caso Penta.
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