En una sesión más relajada que la del martes, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del gobierno que cambia el sistema electoral binominal por uno proporcional, pese a la insistencia de la oposición de que resulta inconstitucional endosarle al Congreso el gasto que significará el aumento del número de parlamentarios.
Por lo mismo, la UDI evalúa hacer una reserva de inconstitucionalidad ante el TC por estimar que la iniciativa vulnera el artículo 67 inciso cuarto de la Carta Fundamental.
Y aunque todavía no está decidido si se recurrirá al Tribunal Constitucional
-ya que de ser aprobado el proyecto deberá pasar por el control preventivo de este organismo y se desconoce qué alcances tiene éste- el diputado gremialista Arturo Squella ya encargó un informe en derecho para confirmar si es viable hacer la reserva de inconstitucionalidad en virtud del mencionado artículo, y donde se establece que “no podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto”.
En ese sentido el secretario de la Cámara, Miguel Landeros -quien expuso ante la Comisión para aclarar si es posible hacer reasignaciones a fin de recaudar los recursos necesarios para cubrir el costo del aumento de diputados- aseguró que “es imposible obviar el aumento en dietas en el presupuesto correspondiente” del Congreso. Por lo que algunos parlamentarios deducen que lo que ocurrirá en 2017 es que se pedirá más dinero con cargo al Presupuesto de la institución.
Un aspecto que el mismo director de Presupuestos, Sergio Granados, explicita en el polémico Informe Técnico Complementario que la derecha calificó como una “burla”. Y es que en el cuarto punto del texto se establece que “se estima para el año 2018, sobre la base del último proceso eleccionario, un mayor gasto fiscal de UF 31.057, recursos que se proveerán en la Ley de Presupuestos respectiva”.
De ahí que el diputado UDI Patricio Melero adelantara las intenciones de la tienda al hacer reserva de constitucionalidad durante el debate de ayer en la comisión, aludiendo al artículo antes citado, pues según señaló “no queda aclarado el origen de los recursos para financiar” el proyecto. Y en la fundamentación de su voto de rechazo al proyecto, añadió que tiene la convicción de que “es perjudicial para la estabilidad política” del país y porque reafirma “la capacidad de chantaje de las minorías sobre las mayorías”.
De concretarse la presentación ante el TC, se podría hacer hasta cinco días después de despachada la iniciativa tras completar su tramitación. Squella explica que se podría hacer incluso durante la tramitación, pero que no es conveniente porque el proyecto va cambiando y el aspecto objetado quedar fuera. En todo caso, el proyecto fue aprobado con los ocho votos de la Nueva Mayoría y rechazado por los de la Alianza. La próxima semana comenzaría a ser revisado por la Sala.
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