El año recién terminado fue complejo para el Congreso. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado fueron objeto de cuestionamientos debido a los millonarios gastos en asignaciones para el apoyo a la labor parlamentaria, las que iban desde el pago a asesores, secretarias y choferes, a informes y asesorías externas de dudosa calidad. Aquello incluso llevó a una investigación de parte del Ministerio Público, que produjo un enfrentamiento entre dicha entidad y la Cámara Alta.
Consciente del impacto en la imagen de la corporación, la entidad tomó medidas. Una de las principales es que a partir del ejercicio contable 2017 por primera vez la Cámara de Diputados someterá a una auditoría externa las asignaciones parlamentarias. Esto ocurrirá no solo para las cifras agregadas de gasto, sino para el detalle completo de los montos.
La génesis
Todo nace luego de la votación, en la última sesión ordinaria del año 2017, de parte de la Sala de la Cámara de un informe encargado por la comisión Revisora de Cuentas a la firma Baker Tilly Chile Auditores Limitada para analizar los gastos institucionales de la Cámara Baja en 2016. La Sala aprobó por unanimidad el reporte.
En el documento, la entidad reveló que no logró auditar una cifra cercana a los $ 21.000 millones correspondientes a asignaciones parlamentarias para el citado ejercicio presupuestario. En el detalle, $ 21.578 millones correspondían a gastos en los resultados integrales, mientras que $ 254 millones a anticipos de fondos.
Pese a que la Cámara le dio luz verde por unanimidad al mencionado documento, el alcance realizado por la firma auditora pasó inadvertido incluso para algunos de los integrantes de la citada comisión.
La instancia es presidida por el diputado de la DC, José Miguel Ortiz, y es integrada por la radical Marcela Hernando, el socialista Christián Urízar, el PPD Cristián Campos, el comunista Hugo Gutiérrez, el parlamentario del Partido Liberal Vlado Mirosevic, el UDI Patricio Melero y el RN René Manuel García.
Ortiz explica que la salvedad que expuso la firma auditora en el reporte se debe a que las auditorías externas, hasta el 2016, no contemplaban las asignaciones, ya que el Comité de Auditorías Parlamentarias (CAP) de la época entendía que era de su facultad exclusiva revisar dichos gastos, por lo que Baker Tilly no tuvo acceso a ese ítem al realizar su labor respecto del año 2016.
En la Cámara recalcan que todas las auditoras externas realizadas a los gastos de la corporación "han emitido el informe con una salvedad: no han tenido acceso a este monto que corresponde a aproximadamente a un tercio del presupuesto de la Cámara".
Ello, porque la Cámara entendía, en línea con el Comité de Auditorías Parlamentarias, que la Ley Orgánica remitía la auditoría de las asignaciones parlamentarias al Comité de Auditoría Parlamentaria y no al auditor externo, y que este debía remitirse sólo a los gastos institucionales.
"Es decir que la auditora a lo que sí tuvo acceso es a los grandes números, ya que los estados financieros incluyen la contabilización de los números respecto a las asignaciones, pero no pudieron entrar al detalle, a verificar porque el CAP entendía que era competencia exclusiva de ellos", dice un legislador.
La transición
Ese criterio sufrió una modificación a partir de marzo del año pasado, cuando la integración del Comité de Asignaciones Parlamentarias, encargado de revisar dichas partidas de gasto de los diputados, renovó a sus integrantes, llegando Carlos Tapia, Jorge Sirriya y Priscila Jara. Este es, señalan en la Cámara, un período de transición.
"Este nuevo comité interpreta que el auditor externo tiene que meterse también en las asignaciones", aseguraron parlamentarios al tanto del proceso.
Lo que, desde el punto de vista de Ortiz, "va a significar un cambio muy profundo", ya que la idea y lo que se ha ido logrando estos últimos años es ir acortando el plazo en que la auditora externa realiza su labor, ya que hasta hace unos años se realizaba con hasta dos años de desfase.
De hecho, a estas alturas ya se encuentra en ejecución la auditoría externa que revisará los gastos de 2017, incluidas las asignaciones de los parlamentarios.
El proceso para definir a la auditora que realiza la labor se hizo a través de licitación, tal como se viene haciendo los últimos tres años, lo que, además, ha reducido los costos para la corporación, asegura Ortiz.
Se anticipa que en mayo de este año estará listo el informe de auditoría a los gastos de 2017.
"Lo mejor de estos nuevos plazos es que los auditores están aquí presentes, cuando se está desarrollando el ejercicio presupuestario", dicen.
Así, quienes conocen el funcionamiento del proceso en la Cámara explican que la cifra que la auditoría externa no pudo auditar sí cumplió con los requisitos a través del Comité de Asignaciones Parlamentarias, pero la auditoría externa de 2017 en adelante sí contemplará las asignaciones, debido al cambio de criterio que se produjo.
Polémica genera entre diputados nombre de Zaldívar para integrar consejo que fija montos
Polémica causó en la Cámara de Diputados la nominación del presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), para integrar la Comisión Resolutiva de Asignaciones Parlamentarias del Congreso Nacional, pese a que ayer en la tarde la Cámara Alta aprobó por 26 votos a favor y sólo uno en contra, el nombre del legislador.
La propuesta, a ser revisada hoy por los diputados, requiere un quórum de 3/5 para su aprobación, es decir, de 72 votos, pero ayer varios de ellos adelantaron que no la visarán. Así lo anunció el representante del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien dijo que "voy a votar en contra de la propuesta que está haciendo la Comisión Bicameral", argumentando que no está de acuerdo con la práctica del "cuoteo", sobre todo en "un área tan sensible como ésta", porque un organismo como el Comité de Asignaciones debe tener "autonomía".
Adicionalmente, en el caso de Zaldívar recordó el episodio en que "el Senado rechazó entregar información a medios de comunicación incluso inicialmente a la propia Fiscalía".
Por su parte, el diputado Daniel Núñez (PC) también se mostró contrario a votar por el presidente del Senado y pese a que algunos advirtieron que un rechazo al nombre del senador DC de quienes son parte de la Nueva Mayoría podría hacer fracasar las negociaciones por la mesa de la Cámara, el legislador comunista descartó que ambos temas tengan relación y advirtió que "no estamos en un momento político en que podamos pensar que el chantaje es herramienta" y aseguró que ni la DC ni otros partidos han planteado el tema desde esa óptica.
"El nombre de Andrés Zaldívar, dado que estuvo involucrado en una investigación de la Fiscalía, que había tenido esta tensión con el Ministerio Público por las famosas asesorías no era una buena señal", dijo Nuñez, aclarando que esto es una discusión política y que esta abierto a que la DC proponga otros nombres.
Sin embargo, no parece que la nominación pudiera ser rechazada, ya que si bien sectores de la NM y el Frente Amplio podrían rechazar el nombre del senador para lo que algunos quieren pedir votación separada, desde la oposición se han mostrado dispuestos a aprobar al DC.
El aludido, tras ser aprobado por su pares, se hizo cargo de las críticas, señalando que la unanimidad del comité de senadores DC le pidió que pusiera su nombre a disposición, rechazando los argumentos esgrimidos por quienes no lo respaldan. "No tienen ningún fundamento" y "no me siento cuestionado", dijo.
Agregó que "cualquier parlamentario tiene derecho a expresar una opinión contraria, no podría negárselo, pero yo creo que soy una persona que no deja de cumplir todos y cada uno de los requisitos" para el cargo. Y se mostró convencido de que "puedo aportar" en las tareas que desarrolla el comité.
Finalmente, recalcó que su candidatura la presentaron la unanimidad delos comités de senadores y la considera "un honor", aunque dependerá de la votación en la Cámara.
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