Cecilia Arroyo
Avanzar hacia una complementación del modelo del seguro de cesantía y de indemnización por años de servicios es una de las tareas que mantiene ocupada a la subsecretaría de Prevision Social encabezada por Augusto Iglesias. Y sin perder tiempo, tras la aprobación el martes del proyecto de ley que mejora el acceso del seguro a personas de las zonas más afectadas por el terremoto, la entidad ya trabaja en la revisión más profunda de ambos sistemas, con el fin de “llegar a construir una propuesta técnica muy bien sustentada que sea sometida a discusión con todas las partes interesadas. Pero eso es un proyecto de reforma más de largo plazo, mas sustantiva”, afirma Iglesias.
Dentro de los mandatos de la nueva administración el término de la reforma previsional iniciada en 2008 sigue siendo prioridad y dentro de esta destaca tres sectores críticos en los que esta focalizando a toda máquina las labores de la subsecretaría. La primera de ellas es la creación de la nueva herramienta de medición para la entrega de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario, un cambio que pretende ampliar la cobertura de 50% a 55% de la población de más bajos ingresos, y que se estima beneficiará a unas 100 mil personas adicionales.
En segundo término está la extensión de la cobertura a los trabajadores independientes, que parte en 2012 en forma voluntaria, para volverse obligatoria a partir de 2015; y por último, la creación de una institucionalidad que asegure el financiamiento del fondo solidario y sus futuras demandas.
-¿Qué cambios podría incluir la propuesta técnica a la que quieren llegar en materia de seguro de cesantía?
- Queremos que se nos entienda bien que hay que fortalecer los mecanismos del seguro de cesantía y la indemnización de años de servicio, como herramienta económica en caso de pérdida del trabajo. Nuestra opinión y la de prácticamente de todos los agentes involucrados es que ni la estructura del seguro actual, ni la de las indemnizaciones dan una adecuada protección a los trabajadores cuando se pierde el empleo. Por ejemplo, a las indemnizaciones accede en definitiva menos del 3% de los trabajadores. Por lo tanto hay consenso en que no son suficientes, y por eso queremos movernos a un sistema de protección del trabajador, más potente, más fuerte, de mejor cobertura. No queremos movernos hacia abajo, queremos más y mejor.
- ¿Eso quiere decir ampliar la cobertura, reducir el monto actual de las indeminzaciones?
-Tenemos que movernos a un sistema de mayor integración y coherencia entre el modelo del seguro de cesantía y la indemnización por años de servicio, tenemos que verlo como un paquete.
- ¿Qué otros temas forman parte de la agenda, más inmediata?
El mandato central es terminar de implementar la reforma y eso hay tres aspectos básicos. La primera es el desarrollo y aplicación del nuevo instrumento de focalización de las pensiones solidarias. Hasta ahora las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario se han entregado usando como instrumento de focalización la ficha de protección social, pero la ley de 2008 dice expresamente que ese instrumento se usa hasta el 1 de julio de 2010. A partir de entonces se debe usar un instrumento nuevo que mide el ingreso de las familias y que está focalizado mucho más en el nivel de ingreso que en la vulnerabilidad.
-¿Existe ya ese instrumento?
-Hemos desarrollado un instrumento nuevo de focalización, que recoge las sugerencias de estudios hechos por la dirección de presupuestos de la administración anterior, y que está en consulta del consejo consultivo previsional que debe entregar su impresión en los próximos días. Esto coincide con una ampliación del universo de la población cubierta y se estima que beneficie a unas 100 mil personas más. Es un esfuerzo inmenso en que estamos trabajando aceleradamente con el IPS, Mideplan, la Super de Pensiones y Hacienda.
-¿Generará cambios en el IPS?
-Hay un tema operativo en que el IPS ya esta trabajando. Van a llegar personas que apoyarán la entrega del beneficio, van a haber campañas de comunicaciones para asegurar que el nuevo instrumento y como se aplica sea bien informado a la población y ésta sepa bajo qué condiciones puede tener o no acceso al beneficio.
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