El anuncio del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de implementar un arancel de 50% sobre las importaciones estadounidenses de cobre como parte de un conjunto de aranceles sectoriales inminentes, tiene atentos a los países exportadores de esta materia prima.
En Chile, si bien algunos actores han planteado preocupación, los expertos familiarizados al tema (entre ellos algunos integrantes del Consejo de Alto Nivel para la Respuesta Estratégica de Política Económica y Financiera Internacional -organismo que el Gobierno ha conformado para enfrentar la guerra comercial y los desafíos y oportunidades que se presentan para Chile en el ámbito económico internacional-), se han mostrado cautelosos, a la espera de mayor información en torno al anuncio.
“No es más que una frase. Todavía no hay una orden ejecutiva, y hemos visto cómo cambia de opinión. Por lo tanto, por ahora, hay que esperar que esto se oficialice, que se asigne con precisión”, dijo Osvaldo Rosales, exdirector de Comercio Internacional de la Cepal y exdirector general de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Direcon, (hoy Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales).
El secretario general de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y el primer subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y también exdirector general de Direcon, Rodrigo Yáñez, planteó que el anuncio “es sorpresivo, por su eventual magnitud, pero debemos ser prudentes y entender los detalles una vez que sean oficiales”.
Para Yáñez, esto refuerza que “Chile debe desplegarse activamente para defender nuestros intereses y convencer a nuestros socios de priorizar la negociación con Chile, como un socio con potencial clave en temas de interés de los Estados Unidos, como los minerales críticos y las tierras raras”.
Una opinión en la misma línea entregó el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien si bien insistió en que el anuncio aún no es oficial, advirtió que en caso de concretarse “indudablemente es una mala noticia para Chile”. Según explicó, Estados Unidos representa cerca del 11% de nuestras exportaciones de cobre, por lo cual un arancel de 50% podría reducir significativamente la demanda de cobre, lo que impactaría localmente.
Con todo, para Briones, esto refuerza que “acá hay que negociar todo lo que se pueda negociar con Estados Unidos”, dijo, y agregó que espera que “la diplomacia funcione. Acá sobre todo el llamado es a mantener la cabeza fría. A agotar los canales diplomáticos, y a ser muy cuidadosos en todo lo que se dice en representación del Estado de Chile, que es lo que ha hecho el ministerio de Hacienda y la Cancillería hasta la fecha”, dijo.
Monitoreo transversal
El mundo académico y de consultoría también monitorea de cerca la situación.
Para Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica y director del LLM (master en derecho) Internacional, “no hay que sobrerreaccionar porque no hay un orden ejecutiva ni una comunicación formal al país, sino sólo un comentario de Trump sin mayores detalles”.
Para Sahd, las autoridades deben “continuar activas en las consultas públicas en el marco de la investigación al cobre por el Departamento de Comercio, actuando coordinadamente con las empresas para demostrar que no hay una amenaza a la seguridad nacional de la producción americana. En todo caso, el sector minero debe prepararse para un escenario de aranceles al cobre en EE..UU., porque es muy probable que siga una suerte similar a las tarifas al acero y aluminio”.
Por su lado Felipe Lopeandía, gerente senior de Global Trade & Investment en Deloitte, planteó que “de confirmarse el anuncio de alza en un 50% de aranceles para las importaciones de cobre, podría constituir un golpe para la relación comercial y económica que hemos construido con Estados Unidos. Ahora bien, deben conocerse los detalles de la medida para poder evaluar con mayor precisión sus efectos”.
Desde su visión, Chile debe mantener los canales de diálogo que tiene con las autoridades de Estados Unidos. “Será importante conocer el contenido del informe del Departamento de Comercio. Debemos recordar que esta medida se enmarca en una investigación ordenada por el presidente Trump conforme a las normas de la Ley 232 que autoriza la imposición de medidas restrictivas a las importaciones de productos cuya importación se considera una amenaza para la seguridad nacional de dicho país”.
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Carolina León
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