La premura con que el gobierno apuesta a sacar el proyecto que crea las figuras de un administrador provisional y de un administrador de cierre para establecimientos de educación en crisis, marcó la primera sesión de la comisión del ramo de la Cámara de Diputados que inició la tramitación de la propuesta presentada por el gobierno.
Y es que el convencimiento de que la iniciativa necesita más tiempo del que contempla el gobierno que le puso suma urgencia -que establece 15 días para su tramitación en cada Cámara- se instaló en los representantes tanto del oficialismo como de la oposición. A lo que se agrega que el plazo para el debate podría reducirse a tan sólo dos sesiones, ya que el proyecto debe pasar antes por la Comisión de Hacienda.
En ese aspecto, al finalizar la sesión, el diputado Fidel Espinoza (PS) solicitó al presidente de la instancia, el diputado Mario Venegas (DC), que se estableciera una sesión más para el lunes de la próxima semana, cuestión que no fue acogida, a la espera de analizar con más detalle el cronograma de trabajo.
Venegas dijo que se tienen más de 25 posibles invitados a exponer, sin embargo, para el propio diputado resulta “casi imposible” cumplir con ese número de concurrentes en el estrecho margen de tiempo.
En esa línea, el diputado de Evópoli Felipe Kast espera que se pueda recoger la idea de solicitar un plazo más extendido para que todos los actores invitados tengan el tiempo suficiente para expresar sus puntos de vista. Además, se manifestó extrañado por el rápido giro que estaría tomando el manejo de Eyzaguirre, quien hasta ahora se había mostrado muy abierto al diálogo: “no habla bien del estilo del ministro la suma urgencia que estableció en este proyecto, pues se aleja del tono dialogante que había tenido hasta este momento”, indicó.
Desde oficialismo, en tanto, cuestionaron que para el caso de establecer tiempos, el ministro se ha mostrado poco accesible para generar mayor espacio para la discusión legislativa. El gobierno ha aludido que la premura se justifica pues hay estudiantes que necesitan una rápida solución, apuntando que con el efecto retroactivo que tendría el proyecto, de aprobarse, el Mineduc designaría un interventor para el caso de la Universidad del Mar.
Focos de conflicto
Tras una breve exposición de Eyzaguirre, en la que introdujo el proyecto afirmando que la “desregulación del sistema de educación superior es insostenible”, surgieron las dudas de los diputados de la Alianza, en contraste con los de la Nueva Mayoría que si bien manifestaron inquietudes menores, aprovecharon la sesión para aplaudir la iniciativa.
El punto más controvertido -que ya se adelantaba desde que se anunció que el proyecto sería el primero de la reforma educacional- dice relación con la discusión aislada de esta iniciativa, sin darse en el marco del debate por la Superintendencia de Educación Superior. Así, los diputados Jaime Bellolio (UDI) y Felipe Kast (Evópoli), manifestaron su preocupación por el hecho de que el Mineduc sea “juez y parte” en la nueva institucionalidad que introduce el texto. Ante esto, Kast sugirió que la figura interventora podría ser parte de la futura Superintendencia de Educación Superior, proyecto que, según prometió el ejecutivo, será enviado dentro de los próximos dos meses.
Otro de los puntos que suscitó gran discrepancia entre la oposición y el oficialismo, fue lo que se contempla dentro de las atribuciones que tendría el administrador provisional una vez instalado en el establecimiento. La diputada PC Camila Vallejo señaló que un año de plazo para que el interventor detecte eventuales irregularidades de las autoridades de los planteles, es demasiado corto. El diputado Bellolio, por su parte, argumentó que estas facultades no debiesen ser propias del administrador provisional.
Un tercer punto que preocupó fue la falta de claridad sobre las cláusulas que definen las condiciones en las que el Estado puede intervenir en las universidades.
Bancada estudiantil se suma a la marcha por demandas en educación
Por Víctor Hugo Moreno
Un pie en el Congreso y otro en la calle. Ésa fue la premisa con la cual llegaron al Parlamento los cuatro ex dirigentes estudiantiles de las emblemáticas protestas de 2011. Y este jueves llegó el momento de estrenarse en la primera manifestación masiva convocada por diversos actores estudiantiles y que se llevará a efecto en todo el país, a partir de las 11 de la mañana.
Las diputadas PC, Karol Cariola y Camila Vallejo, confirmaron su asistencia, argumentando que las demandas del movimiento son plenamente legítimas. Es así como participarán de la actividad desde las calles de Valparaíso, pues ese día deben asistir a la Cámara. Así también, Giorgio Jackson y Gabriel Boric deberían concurrir a la movilización en el la ciudad puerto, barajándose la idea que lo hagan los cuatro en conjunto.
Respecto al momento en que se realiza esta marcha, cuando aún el gobierno no envía el grueso de los proyectos en educación, las parlamentarias sostienen que están en todo el derecho de expresar y colocar en la agenda sus demandas e inquietudes por vía de la manifestación en el espacio púbico: "En esta etapa, donde hay definiciones importantes para trasformar el sistema no sólo educacional sino también político, es necesario que los movimientos sociales jueguen un rol", señaló Vallejo. La diputada agrega que el movimiento tiene una gran oportunidad de aprovechar los espacios de diálogo instaurados por el Ejecutivo y los emplaza a tener un rol proactivo, más allá de criticar las acciones del gobierno: "Si es que hay dudas, o ambigüedades, son ellos los llamados a resolver esos vacíos. No deben ser pasivos en sólo exigir respuestas, sino que ser parte activa en la elaboración de propuestas en materia educacional. Eso se espera del movimiento", enfatizó. Respecto a su doble rol, de estar en la Nueva Mayoría y participar de una protesta, en donde seguramente aparecerán consignas en contra del Gobierno, la diputada argumenta que para el PC estar en mundo social, no es ninguna novedad, pertenezcan o no al gobierno de turno.
Sin embargo, desde el movimiento estudiantil han surgido algunas críticas que apuntan justamente al rol político que asumieron los parlamentarios. En ese aspecto, Cariola desestima los cuestionamientos que provienen de aquella vertiente del movimiento que tiene un cariz netamente político, que, a su juicio, no necesariamente representa o recoge las demandas de los estudiantes, como sería el caso de la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios). "Hay que diferenciar los movimientos secundarios, pues algunos no representan la opinión mayoritaria de los estudiantes que tienen sus demandas concretas desde hace años", explicó. Y agrega que los diputados de la "bancada estudiantil" asumieron una estrategia distinta de entrar el mundo de las instituciones, pero que ello no los priva en lo absoluto de participar, también, de la calle.
Pese al apoyo, algunos de los miembros de esta bancada ponen en duda el nivel de organización del actual movimiento, pues observan diferencias internas que pueden entorpecer la fuerza que deberían expresar en sus demandas.
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