“Me parece una mala decisión”, afirmó el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Claudio Agostini, en Tele13 Radio sobre la decisión del gobierno de congelar por 90 días el alza de los precios de los combustibles.
Agostini sostuvo que el gobierno debió mantener el sinceramiento de los precios iniciado en marzo y advirtió que el nuevo congelamiento podría costar más de US$ 750 millones dependiendo de la evolución del precio internacional del petróleo.
“Yo hubiera esperado que (el Presidente) hubiera dicho me encantaría que el precio del petróleo estuviera más bajo. No depende de mí. Hay déficit fiscal. No tengo plata para subsidiar el petróleo’”, sostuvo. Asimismo, explicó que subsidiar el precio de los combustibles trasladaba su costo a otra parte de la población.
“Si tú le preguntas a alguien oye, ¿quieres que te subsidie el precio de los combustibles para que baje, sí o no?’ Bueno, todo el mundo va a decir que sí, pero yo no sé si la respuesta es la misma si yo te digo te voy a subsidiar las gasolinas, pero van a aumentar las listas de espera en salud porque ahora no tengo plata, porque me la gasté en la bencina”, planteó.
Por ello, tachó de “error” el subsidio a los combustibles y planteó como una opción cambiar a energías limpias. “Tenemos compromiso como país, además, de ir avanzando hacia una matriz energética más limpia”, agregó.
En esta línea, el economista cuestionó el tratamiento tributario que reciben los camioneros. De acuerdo a Agostini, el diésel es un combustible altamente contaminante y su utilización genera costos adicionales para el país, como enfermedades respiratorias, congestión vehicular y deterioro de las carreteras.
En ese contexto, criticó que los camioneros paguen una carga tributaria menor que los automovilistas.
“De verdad, si tú lo miras desde el punto de vista tributario, ahora son contribuyentes súper privilegiados”, señaló.
Agostini recordó que el mecanismo de devolución del impuesto específico se fue ampliando a partir de distintas movilizaciones del sector a lo largo de los últimos 25 años.
Para el académico, esta dinámica representa un problema institucional que va más allá de la discusión económica.
“Tú tienes un grupo de contribuyentes que son ellos capaces de decidir cuánto hay que subsidiarlos y qué impuestos tienen que pagar y cuáles no, y cuáles se les devuelven. Apuntan a chantajearte. Y se lo permitimos ”, afirmó.
El economista planteó que esta situación va contra el Estado de Derecho y la democracia y expresó que no sería aceptable que otros sectores, como farmacias o supermercados, paralizaran sus actividades para exigir rebajas tributarias o subsidios.
“Pero los camioneros lo hacen, y logran chantajearte, y logran tener privilegios que los otros contribuyentes no tienen”, señaló.
Finalmente, Agostini postuló que los subsidios deberían ir en apoyo de quienes enfrentan mayores dificultades para absorber el aumento de los costos y no beneficiar indistintamente a personas de distintos niveles de ingresos. “Estamos subsidiando el diésel también de alguien que tiene un auto carísimo y vive en La Dehesa”, argumentó.
“Démosle un subsidio focalizado a ellos”, propuso.
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