El Gobierno estaba todavía acusando el inesperado golpe del rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, el 8 de marzo del año pasado, cuando el Presidente de la República, Gabriel Boric, transformó uno de sus proyectos emblemáticos en uno de los principales anuncios de su segunda cuenta pública.
Si bien el Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya había desplegado conversaciones con actores políticos y empresariales tras la inesperada caída en el Congreso, aún no estaba clara la estrategia que desarrollaría el Ejecutivo para reavivar la iniciativa.
Finalmente, el jueves 1 de junio, en Valparaíso, el jefe de Estado dio señales: el Gobierno utilizaría el instrumento de la insistencia legislativa en el Senado para revivir el texto rechazado en la Cámara.
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“A fines de julio, mi Gobierno insistirá en el Senado para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria, de modo de conciliar las herramientas para financiar las prioridades acordadas”, planteó el mandatario.
En línea con lo anterior, ligó al avance de la reforma tributaria la presentación de un proyecto para modificar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y para dar una solución a la deuda histórica de los profesores, un anuncio que generó alto nivel de controversia, al igual que en los últimos días, cuando el Ejecutivo ratificó su compromiso de entregar una propuesta antes del ingreso al Congreso del Presupuesto 2025, a fines de septiembre próximo.
Ya en agosto de 2023, la historia era distinta a la de 12 meses antes. El Gobierno dejó de hablar de una reforma tributaria y, en su lugar, acuñó el de Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal; no se insistiría legislativamente en el Senado, sino que se dividirían los proyectos en dos partes; se puso foco en los incentivos a la economía y la modernización del Estado, con un Gobierno golpeado por las esquirlas del caso Convenios; y se volvieron a abrir etapas de conversación prelegislativa con miras a ingresar los primeros proyectos a inicios de 2024, lo que ocurrió en varios casos.
Los cambios principales
El cambio más de fondo fue que se separaron los dos “corazones” de la propuesta tributaria: por un lado, el paquete de medidas para combatir la evasión y la elusión ingresó al Congreso en enero de 2024, con medidas que en su conjunto buscan recaudar 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en régimen; y, por el otro, el proyecto de ley con cambios al régimen de impuesto a la renta, con el que se busca recolectar un 0,6% del Producto.
La primera parte consideró una serie de ideas que ya eran parte del proyecto original, como que el Servicio de Impuestos Internos (SII) pudiera aplicar administrativamente y sin pasar previamente por un tribunal la Norma General Antielusiva (NGA); la creación de la figura del denunciante anónimo para fines de investigaciones tributarias; y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario para pesquisas en materia de impuestos, siendo ahora el contribuyente quien debe fundamentar su oposición al acceso del fiscalizador del SII.
Estos temas fueron objetos de enmiendas en la tramitación en la Cámara de Diputados en abril de este año: por ejemplo, se propuso un comité asesor para validar externamente la aplicación de la NGA por parte del SII; se eliminó la recompensa que recibiría el denunciante anónimo; y se estableció que el SII accedería a la información bancaria sin oposición ni conocimiento del contribuyente solo en casos muy graves, como elusión, manteniendo como esquema general que el SII debe contar con autorización judicial previa. El texto es analizado por estos días en la comisión de Hacienda del Senado.
Mientras, la propuesta de cambios al régimen de renta aún no ingresa al Congreso, pero su contenido ya fue adelantado por Hacienda en la mesa prelegislativa con partidos políticos, entre enero y marzo: rebaja del impuesto corporativo de 27% a 25%; aumento del tributo a las personas que ganan desde $ 4,5 millones al mes; creación de un régimen especial para las PYME, llamado “monotributo”; e incentivos al crecimiento y la inversión, como la denominada “tasa de desarrollo”.
Dos temas clave del proyecto original quedaron en el camino: el impuesto al patrimonio y la tasa que grava las utilidades retenidas.
Nuevos temas a escena
Al ser un pacto fiscal, Hacienda amplió el alcance más allá de temas de impuestos. Así, se incluyeron proyectos para crear una Agencia de Evaluación de Políticas Públicas (ya presentado), otro para modernizar el régimen de transferencias entre privados y el Estado (presentado, a propósito del caso Convenios) y reformas a los sistemas de permisos sectoriales para inversiones (en trámite en el Congreso), por citar solo algunos.
Los dos proyectos tributarios, más los incentivos al crecimiento y la mayor eficiencia en el sector público, permitirían llegar a la meta de recaudación de 2,7% del PIB en régimen, el mismo potencial del proyecto rechazado en la Cámara de Diputados, pero menor al 3,6% del PIB de la iniciativa original presentada al Congreso en julio del 2022.
En el marco de su cuenta pública, Hacienda ayer señaló que casi tres cuartos de las medidas del pacto fiscal ya están aprobadas, implementadas o en tramitación legislativa.
En materia de ejes de estímulo al crecimiento, un 39% está en elaboración, un 21% en tramitación o implementación, un 19% en tramitación (cumplimiento tributario y permisos sectoriales), un 14% pendiente y un 7% aprobado o implementado. Mientras que en el eje de reformas al Estado, un 58% está en tramitación, un 21% en tramitación o implementación, y otro 21% aprobado.
Otro punto aclarado por La Moneda es que el CAE y la reforma tributaria ahora van por carriles separados.
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