El 1 de enero de 2023 está marcado en rojo en muchos calendarios. Y no solo por el nuevo año o porque sea feriado, sino porque comienza a regir un cambio impositivo clave.
Desde esa fecha, todos los servicios estarán afectos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluidas actividades como las asesorías y las consultorías.
Como este cambio se hace al alero de la Ley 21.420 que elimina o restringe exenciones tributarias para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), hay excepciones. Así, mantienen el beneficio algunas prestaciones de salud, educación y el transporte de pasajeros, por ejemplo.
La otra opción para eximirse del tributo -hoy de 19%- es que las prestaciones sean entregadas por personas naturales o sociedades de profesionales. De esta forma, si las consultorías las hacen empresas, deberán estar afectas a IVA.
Uno de los rubros que está sacando cuentas del impacto de esta modificación es el de las consultoras en ingeniería, sector clave por su importancia en la cadena de los proyectos de inversión.
Un sondeo realizado por la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería (AIC) entre sus miembros buscó determinar las implicancias de este nuevo gravamen.
La encuesta, aplicada a 60 empresas del área, consultó respecto a sus resultados contables de 2021 y la percepción respecto a su impacto.
Un 86% de las compañías señaló que el nuevo IVA afectará su facturación actual, aumentando los precios finales de los proyectos de ingeniería.
“En una actividad económica donde el componente principal de sus costos corresponde a remuneraciones, las empresas prestadoras de servicios podrán rebajar en promedio solo el 14%, del IVA total que se generará por sus ventas”, señala el análisis.
Otros efectos
El estudio de la AIC concluye que, dado que la exención se mantiene para sociedades de profesionales e independientes, en muchos casos habrá una mayor competencia entre empresas exentas y/o profesionales independientes y aquellas que facturan con IVA, “lo que es probable que impacte a PYME, disminuyendo actores de un mercado altamente competitivo, generando una precarización del empleo, pasando de empresas a profesionales independientes”.
De hecho, el 40% de los socios declaró que perderá competitividad frente a los actores del mercado que mantienen la exención del tributo.
Asimismo, la AIC advierte que a la fecha hay muchos contratos, en el ámbito público y privado, que tienen continuidad al año 2023, donde “no se consideró claramente” cómo se puede resguardar el valor contratado y no verlos afectados por el IVA.
Según estadísticas de la AIC, el rubro de las empresas consultoras en ingeniería genera cerca de 500 mil empleos calificados en el país.
“Por lo tanto, esta medida en particular estimamos que desincentiva el emprendimiento y desestimula la formalización de empresas”, señala el director de la AIC y gerente de Econativa Consultores, Rodrigo Azolas.
Explica que en la actividad de empresas consultoras el componente principal es el costo en remuneraciones, por lo que prevé que el precio efectivo y final del servicio suba 16% en las etapas de ingeniería de detalles, “produciendo un efecto negativo en los costos de construcción de proyectos”.
“Lo anterior pudiese conducir a que en los próximos años la materialización de nuevos proyectos de inversión disminuya, teniendo como consecuencia un menor crecimiento para el país”, advierte.
El presidente de AIC y gerente general de JRI Ingeniería, Iván Rayo, adelanta que están solicitando reuniones con las autoridades económicas para abordar los efectos del gravamen.
“Hacemos un llamado al Gobierno para analizar la posibilidad de postergar la puesta en marcha de la Ley N°21.420, a fin de acordar en conjunto medidas que disminuyan los efectos negativos que esto significa para la actividad de la ingeniería nacional”, señala.
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