Hace unas semanas, el presidente de la comisión tributaria de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Christian Blanche, planteaba duras críticas al informe elaborado por el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, sobre los niveles de incumplimiento en el país.
“El informe no cumple el test de fiabilidad. No es confiable”, planteaba Blanche a Diario Financiero, adelantando que se elaboraría un informe con las críticas del sector al documento.
La multigremial ya elaboró dicho análisis, en el que cuestionan duramente la metodología utilizada por el servicio.
“El problema de un diagnóstico mal hecho es que conduce a propuestas erradas de política pública, y a expectativas infundadas: en el contexto del Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, existe el riesgo de comprometer mayor gasto público permanente -en pensiones, salud, seguridad y cuidados- sobre ingresos inciertos, ampliando así el déficit fiscal y aumentando irresponsablemente la deuda pública y el gasto en intereses para el pago de la misma”, comienza planteado el texto.
Las críticas
Para la multigremial, la metodología empleada en el estudio no permite desagregar las causas de la brecha de cumplimiento.
En esa línea, explican que el informe utiliza la “metodología descendente o macroeconómica” para el cálculo del incumplimiento tributario del Impuesto de Primera Categoría. Este método trabaja con el Excedente Bruto de Explotación de las Cuentas Nacionales del Banco Central y le hace los ajustes correspondientes.
“La ventaja de este método es su simplicidad y bajo costo, pero no es el más utilizado a nivel de la OCDE en el caso de impuesto directos como es el impuesto a la renta, por no permitir la desagregación de las causas -por segmento de empresas (Pymes o grandes), origen (nacionales o extranjeras) o informalidad-, lo que debilita las consecuentes políticas públicas contra la evasión”, cuestiona la CPC.
Según el documento, el método implementado debió ser el “ascendente o bottom up”, el cual obtiene muestras realistas de empresas y de brechas en sus rentas líquidas imponibles a través de auditorías sistemáticas o aleatorias, según los distintos tipos de regímenes tributarios y segmentos de negocios.
“Por supuesto, este segundo método es más complejo y requiere de más tiempo y recursos, pero entrega información más enriquecedora y relevante al momento de estimar adecuadamente la brecha de incumplimiento y permite priorizar los recursos de la administración hacia aquellos grupos de contribuyentes de mayor incumplimiento, como aquellos que operan en la informalidad”, dice el informe.
Otro ámbito que genera cuestionamientos por parte del sector privado es el tratamiento contable de las pérdidas de las empresas.
“Si bien el informe el SII sigue los lineamientos que el FMI establece que habría que realizar al aplicar el método descendente con el Excedente Bruto de Explotación (EBE) como punto de partida, llama la atención que el ajuste por las pérdidas (del ejercicio y previas) incrementa la base imponible del Impuesto de Primera Categoría, incluso en más de un 50% (para el año 2020)”, plantean.
Sin embargo, desde la perspectiva de la CPC, dicho ajuste, por su magnitud, requiere una detallada explicación y desagregación por parte del SII.
“Es altamente probable que por no existir en Chile la declaración consolidada de las corporaciones, las pérdidas sumadas contengan duplicaciones de pérdidas de empresas operativas y sociedades matrices (holdings)”, cuestionan.
Otro punto duramente criticado es la cifra estimada de incumplimiento tributario para el impuesto de Primera Categoría, el cual tendría varios problemas. Como primer punto, el texto de la CPC plantea que en 2021 Chile tuvo una recaudación de 3,8% del PIB por el gravamen a las corporaciones, mientras el promedio OCDE fue de 3,3%.
“Este mayor porcentaje de recaudación como porcentaje del PIB con respecto a países OCDE no sería intuitivo ni razonable si Chile tuviera un nivel de evasión de más de un 50%, cuando los cálculos de los países OCDE ni siquiera superan el 15% de evasión”, dice la confederación.
Otro problema sería que, desde el punto de vista de la CPC, “no parece lógico” el salto desde el último cálculo del nivel de evasión de un 31% en 2009 a un 51,4%. “El SII ha sido un organismo reconocido internacionalmente por su labor y considerando todos los avances hacia una mayor formalidad de nuestra economía durante la última década, impulsados por medidas como la factura electrónica, la digitalización de procesos y el aumento de facultades del SII (especialmente con la reforma tributaria de 2014)”, dicen.
El informe agrega que al observar los datos de evasión del impuesto sobre la renta de empresas y compararlos con el resto de los países de Latinoamérica para los que se ha estimado esta cifra, “parece poco creíble que en una década hayamos perdido nuestra posición de liderazgo en la región, pues según el informe del SII, al 2020 tendríamos una mayor evasión del impuesto corporativo que Argentina, Colombia o México, y a niveles similares al de Perú o El Salvador”.
Por éstas razones, la CPC solicita a las autoridades la revisión detallada del informe de evasión, su metodología, razonabilidad y confiabilidad.
Desde el gremio, además, proponen "la convocatoria de una comisión de carácter técnico que proponga los alcances, metodologías y fuentes de información fiables en la determinación de la brecha de cumplimiento tributario".
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