El socio de Mena Alessandri & Asociados, Andrés Alessandri, cree que los ajustes en la aplicación de la Norma Antielusión derivarán en una mayor judicialización de los casos, además de lesionar los derechos de los contribuyentes al poner el peso de la prueba en ellos.
“A su vez, el denunciante anónimo debilita los derechos del contribuyente, afectándose su legítima defensa. Los mayores plazos de prescripción y fiscalización también debilitan los derechos de los contribuyentes”, afirma.
Para Alex Mansilla, de HLB Surlatina, si bien los ajustes a la NGA buscan “equiparar” la legislación a la de otros países, no comparte que se “prive” a los contribuyentes de presentar recursos administrativos en contra de la norma, pues no sólo merma su posible defensa, sino que podría contribuir a una “innecesaria judicialización” de casos.
El socio de Garrigues, Oscar Ferrari, señala que la propuesta “inclina” más la balanza en favor del SII, ya que solo incorporaría una garantía adicional en el catálogo de derechos de contribuyentes: que el SII mantenga dentro de sus dependencias instalaciones que permitan comparecer a las actuaciones de forma telemática y facilitar el cumplimiento de las obligaciones en forma electrónica.
Hoy, plantea, las obligaciones de los contribuyentes y las facultades de fiscalización con las que cuenta el SII son mucho mayores que los derechos que el Código Tributario confiere a los primeros.
El director de Litigios y Controversias de Cabello Abogados, Abel Hidalgo, coincide en que hay un aumento mayor de las potestades de fiscalización del servicio en relación a los derechos del contribuyente, pero a su vez destaca que la reforma reduzca los intereses penales para las PYME, desde 1,5% a 1% mensual por atrasos en pagos: “Si bien la Ley de Modernización Tributaria (2020) amplió el catálogo de derechos y realizó diversas modificaciones para que el contribuyente no quedara en indefensión, este proyecto viene a otorgarle múltiples facultades de fiscalización al SII”.
El socio líder de BLTA, Rodrigo Benítez, apunta a los potenciales conflictos que puede generar la figura del denunciante anónimo: “Parece una vuelta al far west, donde se establece una recompensa por la captura de los contribuyentes. Esto puede generar conflictos con el secreto profesional, la debida confidencialidad e incentivar a los hackers informáticos”.
El socio líder de Tax Consulting de Grant Thornton Chile, Nicolás Alegría, ve un cambio de paradigma, ya que con los ajustes el SII le estaría diciendo a los contribuyentes que la información que autodeclaran “o bien no es suficiente, o bien no es fidedigna para poder fiscalizar correctamente”, por lo que ve una “falta de confianza” hacia el contribuyente.
El tax senior manager de la misma firma, Oliver San Juan, cree “conveniente fortalecer al SII y dotarlo de recursos, mas no deben debilitarse los derechos del contribuyente, y cambios como los mencionados sí lo hacen”.
El abogado Miguel Morales estima que al resguardarse la identidad del denunciante, se pueden incentivar denuncias con razones “extrajurídicas”. Además, “se trata del esclarecimiento de delitos tributarios, no cualquier infracción tributaria, por lo que la autoridad puede recibir denuncias que no se encuentren amparadas por el bien jurídico protegido en este caso”, dice.
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