Una de las instituciones más recientes creadas en el sector público es la Defensoría Nacional del Contribuyente (Denacon, inicialmente conocida como “Dedecon”).La entidad nació gracias a la Ley de Modernización Tributaria del 2020.
Ubicada en el piso 11 del Ministerio de Hacienda, la defensoría es liderada desde noviembre del año pasado por el defensor nacional Miguel Zamora.
La Ley de Presupuesto le asigna $ 2.772 millones a la Denacon, que permitirán financiar en su primer año de operación una dotación de 42 cargos, de un total de 82.
Abogado de la U. Católica y master en Tributación Internacional de New York University, Zamora fue hasta agosto pasado subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII). Es cercano al exministro Felipe Larraín, de quien fue coordinador de Política Tributaria en su primera administración.
La instalación de la nueva institucionalidad es mirada con atención en los pasillos de Teatinos 120, en momentos en que las críticas de los contadores a la Operación Renta se han reforzado y mientras el gobierno prepara una reforma tributaria a presentar el próximo mes.
Y entre los equipos del Ejecutivo se ve con preocupación lo que consideran una lenta puesta en marcha del organismo y su estructura.
Así lo refleja un oficio enviado por la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, a Zamora el 2 de mayo pasado, en el que le solicita una serie de informaciones respecto a la marcha de la Denacon.
El documento parte haciendo referencias a las disposiciones de la ley respecto a las labores del subsecretario, entre los cuales se encuentra su preocupación por el adecuado funcionamiento de los programas y servicios relacionados con la cartera, entre los cuales se encuentra la Denacon.
El texto continúa profundizando en las funciones que la Ley de Modernización Tributaria le confieren al defensor nacional. De esta forma, se le solicita al defensor nacional entregar “detalladamente” el estado de avance de la puesta en marcha de la Defensoría en un plazo de cinco días hábiles.
Hacienda inquirió cuatro informaciones: la fecha de inicio y estado actual del procedimiento para el nombramiento del subdirector de la Denacon; la fecha de inicio y estado actual del procedimiento para el nombramiento de los jefes de división; detalle de la dotación aprobada por la Ley de Presupuestos 2022 y funcionarios contratados; y la fecha de inicio y estado actual del procedimiento de contratación de otros funcionarios.
Las metas de este año
Hasta el cierre de esta edición, la respuesta de Zamora aún no llegaba al escritorio de Sanhueza. Consultada oficialmente la Denacon, no hubo respuesta.
La Ley de Presupuestos de este año le asigna $ 2.772 millones a la Denacon, que permitirán financiar en su primer año de operación una dotación de 42 cargos -de un total de 82-, además de recursos para la habilitación de oficinas en Teatinos 120, mobiliario y equipamiento informático.
A principios de enero, Zamora detalló a Diario Financiero que había fichado a cerca de 20 profesionales, algunos provenientes del SII en áreas multidisciplinarias como leyes, ingeniería en sistemas, auditoría, contabilidad y tecnologías de la información.
Su meta es llegar a los 42 cargos en el actual ejercicio a través de concursos públicos y también conformar el Consejo de tres integrantes de la Dedecon, objetivo para el cual señaló en enero que ya se había contactado con el Servicio Civil para publicar las convocatorias en Alta Dirección Pública (ADP).
Sin embargo, hasta el momento aún no se publican los llamados a concursos en ADP.
Esto ha generado molestia en el Ejecutivo, considerando -por ejemplo- que ya se han publicado los llamados a concursos de servicios dependientes de Hacienda que han estado vacantes recién en los primeros meses de esta administración, como Aduanas y la Tesorería General de la República.
La Ley establece que la Dedecon tendrá por objeto principal velar por la protección y resguardo de los derechos de los contribuyentes, en las materias de tributación fiscal interna. En el ejercicio de sus atribuciones legales, deberá velar “especialmente” por la protección y resguardo de los derechos “de los más vulnerables” y de las micro, pequeñas y medianas empresas, señala la normativa.
El cargo de Zamora dura tres años y su designación es presidencial, no estando adscrito al sistema de ADP.
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