Finalmente, la próxima semana llegará a puerto el denominado "pacto fiscal", la nueva forma en que el Ministerio de Hacienda ha patentado el mecanismo para retomar la vía legislativa de la reforma tributaria rechazada en su idea de legislar en marzo en la Cámara de Diputados.
Ahora, eso sí, no solo contempla alzas de impuestos, sino una serie de medidas para modernizar el Estado, incentivar el crecimiento y la inversión, un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas (PYME) e incentivos para la formalización de contribuyentes.
Se espera que luego de la última reunión con representantes de partidos políticos, a realizarse este viernes en Teatinos, el Ejecutivo presente el lunes el nuevo cronograma de los proyectos que darán forma al pacto fiscal, con el que se busca recaudar 2,7 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
“Que el rendimiento de nuestras ventas esté gravado limita el impacto que podemos lograr. Los productos que vendemos ya han pagado el IVA”, sostienen las organizaciones.
Países como Australia, Canadá, Francia y el Reino Unido apoyan rebajas tributarias que fomentan la operación de las tiendas de beneficiencia, argumentan.
Hace más de un año se iniciaron las conversaciones entre autoridades de los ministerios de Hacienda y Medio Ambiente con representantes de organizaciones solidarias.
En este panorama son varios los actores sociales, políticos y empresariales a quienes Hacienda ha consultado para elaborar los contenidos del pacto, siendo uno de ellos las organizaciones de tiendas solidarias.
Esta denominación se refiere a organismos de beneficencia que perciben ingresos, por ejemplo, por la venta de artículos como ropa de segunda mano, transacciones que hoy están afectas al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Dado lo anterior, una serie de fundaciones enviaron una carta a parlamentarios de la comisión de Hacienda de la Cámara para solicitarle a la cartera liderada por Mario Marcel eximir sus ventas de IVA en el nuevo pacto fiscal.
La misiva fue firmada por organizaciones como la Fundación de Buena Fe, Debra, Coaniquem, María Ayuda, Soy Más, Red Eleam y la Protectora de la Infancia.
Los argumentos
La carta parte señalando que las tiendas solidarias impulsadas por organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro se han establecido en Chile como un modelo "pionero" en la promoción de la solidaridad, el cuidado del medio ambiente y la contribución social.
"Es un esquema que, al vender artículos de segunda mano donados, no solo ofrece una fuente sustentable de financiamiento para organizaciones sin fines de lucro, sino que también fomenta la economía circular y la formación de comunidades tras una causa social", señala la misiva.
Así, agregan que países como Australia, Canadá, Francia y el Reino Unido han apoyado este modelo mediante beneficios fiscales que fomentan su operación.
"Actualmente, en nuestro país enfrentamos desafíos tributarios que obstaculizan la optimización de su impacto. El hecho de que el rendimiento de nuestras ventas esté gravado limita el impacto que podemos lograr. Es fundamental considerar que los productos que vendemos ya han pagado el IVA y se venden en el mismo estado en que se reciben, además de que, al ser bienes donados, no es efectiva la operación débito/crédito fiscal, situación que pone a las tiendas solidarias en una desventaja financiera", advierten.
Hacienda analiza el tema
La carta de las organizaciones revela que hace más de un año iniciaron conversaciones con autoridades de los ministerios de Hacienda y Medio Ambiente para abordar este tema, donde el Ejecutivo -dicen- entregó soluciones a esta problemática vía audiencias de lobby.
"Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a esta comisión que mediante sus atribuciones apoye nuestra propuesta de obtener una exención de IVA para las tiendas solidarias que venden artículos y ropa usada donada, gestionadas por organizaciones sin fines de lucro como un modelo de financiamiento y de economía social y circular y cuidado del medio ambiente", cierra el texto, firmado por la directora ejecutiva de la Fundación de Buena Fe, Elisa Sánchez; la directora ejecutiva de la fundación Debra, Carmen Justiniano; el presidente ejecutivo de Coaniquem, Jorge Rojas; Macarena Aresti, de María Ayuda Corporación de Beneficencia; la directora ejecutiva de la Fundación Soy Más, Bárbara Etcheverry; la directora de la Fundación Red Eleam, María Soledad Alcalde; y el gerente general de la Fundación Protectora de la Infancia, José Manuel Ready.
De hecho, en los registros de lobby se muestra una reunión de ejecutivos de Coaniquem con el co-coordinador de Política Tributaria de Hacienda, Diego Riquelme, el 31 de agosto y el 19 de mayo; mientras que el 15 de septiembre del año pasado se reunieron por el mismo tema con la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
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