Uno de los grandes temas de debate por estos días en torno a la reforma tributaria es el nuevo aporte de 1% en beneficio de las regiones de parte de los proyectos de inversión en donde se ejecutan. La medida fue revelada por el Ministerio de Hacienda en el marco de las negociaciones para destrabar el proyecto en su primer trámite en la Cámara de Diputados.
El mecanismo contemplado por la cartera es que las inversiones de más de US$ 10 millones destinen un 1% de dichos recursos a la región y la comuna en la que se desarrollan. Desde el momento en que se hace efectiva la inversión, el titular de la iniciativa tendrá cinco años para realizar el aporte. Para efectos tributarios, dichos desembolsos podrán ser contabilizados como gasto necesario para producir la renta, por lo que el ingreso será "compartido" por el Fisco y por los privados.
Una de las críticas tanto de la oposición -la exNueva Mayoría y la Bancada Regionalista de parlamentarios- como de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) es el impacto que pueda tener dicha medida.
Los privados advierten que podría generarse una doble tributación si, por ejemplo, los proyectos se dividen y que el aporte sería en la práctica un nuevo impuesto a la renta. Mientras que los parlamentarios opositores temen que la iniciativa genere una concentración de la riqueza en las regiones de mayores recursos.
De esta última inquietud están conscientes en el Ministerio de Hacienda. Fuentes de gobierno señalan que la cartera está estudiando fórmulas que incluyan un mecanismo de distribución para que todas las regiones logren percibir recursos y no solo las que concentran proyectos intensivos en capital, como las mineras.
De esta forma, el Ministerio liderado por Felipe Larraín buscaría contener las críticas que han manifestado, por ejemplo, parlamentarios de la DC. En una dura minuta socializada ayer entre legisladores, la bancada advirtió que alrededor del 70% de los proyectos de inversión aprobados por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) entre 2014 y 2018 se ubican en apenas cuatro regiones: Tarapacá, Antofagasta, Atacama y la Metropolitana.
En el Ejecutivo enfatizan que el mecanismo es un "aporte" a las regiones y "no un impuesto" y que se está analizando si la fórmula para rebajarlo del impuesto a la renta sea a través de gasto necesario para la renta o crédito.
El mapa regional
Un análisis en base al catastro de inversiones elaborado por la Corporación de Bienes de Capital (CBC) para el quinquenio 2018-2022 pareciera confirmar las aprensiones de la oposición.
Según el reporte del cuarto trimestre del 2018 -el último disponible- el 65% de las iniciativas de inversión proyectadas hasta 2022 se concentran en solo cinco regiones. Esto implica que US$ 41.109 millones de los US$ 63.063 millones estimados para el período se ubican en la Metropolitana, Antofagasta, Tarapacá, Atacama y O´Higgins.
Tal como se podía anticipar, la Metropolitana se lleva el mayor peso dentro del catastro global, con US$ 15.944 millones en proyectos con cronogramas definidos en el período. Más atrás se ubica la región de Antofagasta, con US$ 9.693 millones, Tarapacá con US$ 6.806 millones, Atacama con US$ 4.555 millones y O´Higgins con US$ 4.111 millones.
En el detalle, los cinco proyectos de mayor envergadura en el período se ubican en una de las cinco zonas citadas: Quebrada Blanca fase dos (US$ 4.700 millones en Tarapacá), nuevo nivel de mina El Teniente de Codelco (US$ 3.690 millones en O´Higgins), mina subterránea Chuquicamata de Codelco (US$ 3.106 millones en Antofagasta), la construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago (US$ 2.528 millones en la Metropolitana) y Piedra Roja de Inmobiliaria Manquehue (US$ 2.300 millones en la Metropolitana).
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