La tramitación del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, una de las iniciativas destinadas a fortalecer la prevención y detección de actividades vinculadas al crimen organizado, enfrenta nuevas dificultades en el Congreso.
Aunque la comisión mixta encargada de resolver las diferencias entre la Cámara y el Senado se encuentra en su etapa final, la sesión prevista para el miércoles fue suspendida, pese a la importancia que se le había atribuido para avanzar en un acuerdo.
Uno de los principales puntos pendientes es el levantamiento del secreto bancario, materia en la que persisten diferencias entre los parlamentarios. La oposición busca mantener la fórmula aprobada por la Cámara, que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceder a información protegida por secreto bancario por vía administrativa, sin autorización judicial previa, ante sospechas fundadas de operaciones vinculadas a actividades ilícitas.
Pareciera ser que el Ejecutivo y la oposición están en ‘tablas’, porque el gobierno ha planteado, a través de diferentes voceros, que le parece que el levantamiento del secreto bancario por vía judicial ha cumplido el cometido, aunque -como plantearon mucho de los expositores invitados- habría que realizarle mejoras para que los engranajes se muevan con más celeridad.
Este era el escenario que esperaba a los últimos expositores invitados a la instancia para el miércoles 21, incluido el gobierno. La expectativa era que el Ejecutivo presentara las indicaciones que había comprometido en la sesión anterior, realizada 15 días antes. Sin embargo, a último minuto -según algunos de los integrantes- se avisó que la comisión era suspendida, porque su presidente, el senador Karim Bianchi (indep.), “estaba enfermo”, pese a que la tónica es que cuando un presidente de comisión no puede encabezarla sea sustituido por otro de los integrantes.
Por lo que las suspicacias, especialmente entre los parlamentarios de oposición, estaban a flor de piel. Los representantes de las filas opositoras querían conocer las indicaciones del gobierno, especialmente en lo que respecta al secreto bancario, y poner las propias sobre la mesa. De hecho, los senadores Daniel Núñez (PC) y Juan Luis Castro (PS) han trabajado en tándem, elaborando indicaciones para el proyecto.
Propuestas de la oposición
Con la idea de alcanzar un acuerdo, que ha sido muy esquivo en el proyecto, la propuesta de Núñez es una especie de punto intermedio entre la postura del oficialismo y a lo que aspira la oposición. Ello, porque establece que cuando la UAF pida la autorización judicial para solicitar antecedentes amparados en el secreto bancario, tras haber detectado una o más operaciones sospechosas, esta tendrá que resolverse dentro de 24 horas y, de superar este plazo, se entenderá que el juez aprueba la solicitud.
Esta autorización será extensiva a las personas naturales o jurídicas que hayan recibido transferencias de fondos, en el contexto de la misma operación sospechosa. Por otro lado, la indicación establece que “la información obtenida tendrá el carácter de secreta y sólo podrá ser utilizada para los fines establecidos en esta ley”.
En este mismo sentido, Castro explica que lo que se persigue en la legislación en discusión “es el flujo de las transacciones, en vez de analizar aisladamente una cuenta”; por lo tanto, ya que el Senado rechazó una fórmula inicial que permitía a la UAF ir directamente a los antecedentes protegidos por secreto bancario sin autorización judicial previa, lo que se busca es “potenciar a la UAF previo a la solicitud judicial de apertura de cuenta, porque así permite llegar anticipadamente a estos delitos de gran magnitud financiera”.
Además, complementa, advirtiendo que para que el levantamiento del secreto bancario sea efectivo deben precisarse los delitos y conductas comprendidos y cómo se vincularán con las funciones preventivas de la UAF. Pero enfatiza que “también corresponde evitar una reacción muy amplia que permita aplicar esta herramienta sin una conexión fundada con las actividades ilícitas”; y, que ley tiene que distinguir entre una medida temporal de inmovilización de una incautación o decomiso definitivo.
¿Indicaciones del gobierno?
Mientras la oposición elabora sus propuestas, sigue trabajando la mesa técnica que reúne a los asesores de los parlamentarios que integran la comisión mixta con los asesores del Ejecutivo. Así es como Diario Financiero tuvo acceso a una minuta con las propuestas del gobierno, difundida entre quienes participan en la instancia, donde no renuncia a la autorización judicial.
Sobre el levantamiento del secreto bancario, el Ejecutivo plantea en el documento un “procedimiento adicional de monitoreo”, es decir, que “previa autorización judicial”, la UAF puede requerir que se monitoreen productos o servicios de las personas involucradas hasta durante 30 días, prorrogable por una sola vez por igual período, con solicitud fundada y autorización judicial.
Por otro lado, no pueden cerrar ni restringir los productos por causa del monitoreo ni obstaculizar el análisis de la UAF o la investigación penal. Y, si el monitoreo genera una alerta, la UAF puede pedir una autorización complementaria al mismo tribunal.
Se busca reducir el plazo de respuesta solicitud de levantamiento del secreto bancario de tres días a 24 horas; el expediente es secreto y se sustancia por medios electrónicos cuando ello agilice el procedimiento; y se incorpora una nueva facultad, en virtud de la que la UAF podrá suspender, previa coordinación con el Ministerio Público, productos y servicios ligados a transacciones de alta prioridad reportadas y calificadas así por un sujeto obligado. Con plazos y posibilidad de ampliar previa autorización judicial, entre otras.
Y se incorporan nuevas facultades, como informar reservadamente a sujetos obligados, públicos y privados, la utilidad de tendencias, tipologías o niveles de riesgo reportados respecto de personas naturales o jurídicas; la UAF también tendrá el deber de impartir instrucciones generales a los sujetos obligados de los artículos 3° y 4° y verificar su cumplimiento, y podrá dictar instrucciones diferenciadas y proporcionales, según la naturaleza de las operaciones y el riesgo efectivo.
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