Con la intervención por espacio de dos horas de los tres
diputados acusadores Germán Becker (RN), Iván Moreira (UDI) y José Antonio Kast (UDI) se
concretó la formalización ante el Senado de la acusación constitucional en
contra de la suspendida ministra de Educación, Yasna Provoste.
Los
parlamentarios además de defender la facultad del Congreso para recurrir a la
acusación constitucional cuando corresponda por vulneración a la ley o notable
abandono de deberes, dieron a conocer los cargos en contra de la secretaria dfe
Estado en cada uno de los cinco capítulos del libelo acusatorio.
La jornada se
inició a las 10 horas con la relación del secretario General del Senado, Carlos
Hoffmann. Previamente se comunicó a la Sala que Provoste
otorgó patrocinio y poder para que la representen en la acusación entablada en
su contra, a los abogados Enrique Silva Cimma y Luis Bates Hidalgo.
En tanto,
loa diputadoa acusadores pusieron especial énfasis en que en este caso se han
quebrantado las normas de las bases generales de la Administración del
Estado y el Estatuto Administrativo del Ministerio de Educación.
Asimismo,
coincidieron en que se trata de una acusación contra el rol de Yasna Provoste
como secretaria de Estado y, en ningún caso, hacia su persona, su condición
religiosa o étnica.
La primera exposición estuvo a cargo de Moreira, quien
rebatió la defensa que ha hecho el gobierno y la propia ministra y
recalcó que el Senado debe ponderar la gravedad de los hechos
imputados. Entre estos mencionó los "descomunales desórdenes" en el
Mineduc, las infracciones a las normas administrativas y la vulneración
del principio de probidad.
Citando al ex Presidente Aylwin, el diputado UDI aseveró que "conforme al
texto claro de la Constitución Política", los parlamentarios de la
oposición "están haciendo efectiva la responsabilidad que ésta
establece para los ministros de Estado que, en el ejercicio de sus
funciones, infringen la Carta Fundamental, atropellan las leyes o las
dejan sin aplicación".
Luego fue el turno de el diputado RN, Germán Becker, quien hizo un recuento detallado de los cinco capítulos que componen el
libelo acusatorio: no corregir las graves irregularidades cometidas por
la Seremi Metropolitana, no sancionar las infracciones a la ley de
subvenciones, no destituir al seremi Alejandro Traverso, ignorar las
auditorías que daban cuenta de las infracciones y entregar
informaciones inexactas o intencionadamente incompletas a la opinión
pública y a la Cámara de Diputados.
Finalmente, José Antonio Kast aseguró que "la ministra tuvo total conocimiento de los desórdenes administrativos
al interior de la Seremi Metropolitana y en 18 meses en que ejerció su
cargo no cumplió con la ley, al no aplicar sanciones ni solucionar el
problema".
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