Gobierno estima en US$ 90 millones costo fiscal de proyecto del post natal

J.C. Prado / M. Helguero



La extensión a seis meses del post natal que propone el gobierno tendrá un costo anual para el fisco de poco más de US$ 90 millones. Así lo revela el informe financiero que adjuntó la Dirección de Presupuestos (Dipres) al proyecto de ley que ingresó el lunes al Congreso. 
Aunque el Ejecutivo calcula en casi US$ 170 millones el desembolso por el período de extensión de tres meses que considera el nuevo subsidio, la disminución de gasto que provocará el menor uso de licencias médicas por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, reducirá en 
US$ 91,1 millones el impacto en las arcas fiscales.

Con una menor relevancia en términos de costo para el Estado, el aumento de cobertura a mujeres vulnerables significará poco más de US$ 10 millones, mientras que el desembolso en mayor control y fiscalización del cumplimiento de los cambios propuestos llegarán a US$ 1,5 millones.

Respecto de este punto, el informe señala que las nuevas funciones de la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social, implican que “deberán reforzar sus equipos técnicos, incurrir en mayores gastos de operación e implementar sistemas de información” para alcanzar los objetivos antes descritos.

De hecho, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, ha sido enfática en señalar que se va a fiscalizar “por todos lados”. 



Restricciones a licencias 


La importante reducción que significa el menor uso de las licencias antes señaladas, queda de manifiesto en el mensaje del proyecto presentado por el gobierno y las restricciones que se proponen.

“Dicho permiso (licencias) se ha prestado para mal uso, ya que muchas mujeres utilizan este mecanismo con el objeto de aumentar artificialmente su período post natal, con financiamiento del Estado”, detalla.

Y recuerdan que “hoy, en promedio, las mujeres agregan diez semanas y cinco días adicionales a su postnatal mediante este permiso. Esto hace que hoy en Chile tengamos un postnatal efectivo de cinco meses y medio”.

En este escenario, el proyecto reconoce que “los incentivos a usar de forma incorrecta este beneficio se deben a varias razones” y que “a pesar de todos los esfuerzos que se han puesto en tratar de disminuir este abuso, ello no ha sido posible”.