“Compromiso transversal por la seguridad” se llama el borrador enviado por el Ministerio del Interior a los parlamentarios, alcaldes y gobernadores con el objetivo de impulsar proyectos y medidas en este ámbito a partir de marzo.
Dado lo anterior, la propuesta -con cerca de 80 ideas- será objeto de ajustes y perfeccionamientos durante febrero y se espera que al mes siguiente se firme un documento en un acto encabezado por el Presidente de la República Gabriel Boric.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que la “hoja de ruta” en seguridad se trabajó con distintas fuerzas políticas y a pesar de la ausencia de la oposición, se mostró confiada en que sean parte de las conversaciones desde marzo.
“Las puertas están abiertas, para recibir aportes”, dijo la jefa de gabinete.
Algunas de las propuestas están dirigidas a sectores relevantes de la economía, como son bancos, centros comerciales, delivery y comercio exterior.
Seguridad privada
En seguridad privada, por ejemplo, la idea es ingresar durante el primer semestre de 2023 indicaciones al proyecto de ley ya en trámite en el Congreso para fortalecer la coordinación con las policías y reforzar los principios de corresponsabilidad de los actores privados. Una vez presentados los ajustes, se pondrá suma urgencia a la iniciativa.
Centros comerciales
En vista de la reiteración de asaltos al retail de alto valor en mall y lo que se considera insuficientes avances en acuerdos entre tiendas y centros comerciales, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley con normas equivalentes a las establecidas para los cajeros automáticos que reduzcan la factibilidad y retribución de este tipo de eventos.
Las opciones que se estudian contemplan “anclaje” para bodegas, programar el stock de mercaderías en tiendas como celulares y equipos tecnológicos y aplicar tecnología para ingreso regulado del personal a las bodegas.
Desde la subsecretaría de Prevención del Delito explicaron que en el primer semestre se avanzará en proyectos de ley y en decretos supremos para que se tengan estándares compartidos en el mundo privado y no sean planes voluntarios a los que puedan adherir.
Situación de los bancos
En el caso de la seguridad en bancos, se anunció que se patrocinará una moción que establece medidas de seguridad aplicables en las cajas de atención de público de las instituciones bancarias y financieras este primer trimestre.
En el marco del convenio de trabajo con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y BancoEstado, la idea es llegar a cien sucursales este año con medidas piloto para evitar el delito de “marcaje”. Estas sucursales serán seleccionadas según la base de datos disponible del Ministerio Público. Uno de los temas centrales será habilitar biombos para que no se vea desde el exterior de sucursales, como ocurre en algunos países de Europa y EEUU, la dinámica de los clientes frente a las cajas al momento de la realización de operaciones.
En abril se presentará el proyecto complementario que permita levantar el secreto bancario cuando hay sospecha de ilícitos y el análisis anonimizado con inteligencia artificial de movimientos bancarios que permitan detectar flujos sospechosos.
Motos y delivery
En este terreno, se prometió una normativa para motos eléctricas y vehículos motorizados de menor tamaño. De ahí que se presentará un proyecto de ley el primer semestre de 2023 y se ampliará el plan de fiscalización de motocicletas sin patentes a cargo del ministerio de Transportes a todo 2023.
También habrá un registro de repartidores para empresas de delivery. El piloto se realizará este año en San Miguel e Iquique, además de normar la identificación de patentes de motos en chalecos y cascos de conductores y pasajeros.
Iniciación de actividades
Como una forma de afrontar el comercio ilícito, se establecerá la obligatoriedad de iniciar actividades para personas que operan en el comercio exterior (más de dos container al mes); y un proyecto de ley que incluye en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero en el territorio nacional.
Otra iniciativa legislativa será para facilitar la persecución y sanción de las ocupaciones ilegales.
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