Como un "significativo aporte a la discusión" sobre pensiones definió Alberto Salas el paquete de 22 medidas entregadas hoy por la CPC, instancia gremial presidida por él y que entre varios aspectos, propone elevar hasta un 16% las cotizaciones y propone postergar la edad de jubilación hasta los 67 años.
Además, aseguró que las propuestas tienen "un foco puesto en aquellos más vulnerables" y que éstas "debieran ser tomadas en forma mayoritaria, en la medida que tengamos la cultura de la importancia de ahorrar para nuestra vejez".
En concreto, la propuesta de elevar la cotización se descompone de un 3% de aumento obligatorio, destinado a la cuenta individual de cada trabajador, mientras que el porcentaje restante sería voluntario, donde los empleadores aportarían 2% más y el trabajador el 1%.
Dicho mecanismo, definido como un incentivo al ahorro, fue defendido por Salas aseguran que "claramente hay una necesidad de ahorrar más, esa es una parte básica de la solución. Ahorrar más para tener mejores pensiones".
Impacto al empleo
El economista Klaus Schmidt-Hebbel, miembro de la comisión que elaboró las medidas, mencionó un estudio que comparó el impacto en al mercado laboral entre la propuesta de elevar en 5% la cotización, elaborada por el gobierno, y la del 6% extra que contempla como máximo la CPC.
En eso, aseguró que "el impacto sobre el empleo formal, la tasa de desempleo, y los salarios, los dos (modelos) son algo negativos, incluso si se destina esto a las cuentas de capitalización (...) pero es el doble negativo si esto va a un sistema de reparto".
Según explicó el mayor perjuicio al mercado laboral se da "porque el trabajador no percibe después, cuando se jubile, esos fondos que él o su empleador ahorró por él".
Por eso, remarcó que el efecto sobre el empleo "es marginalmente malo, es el costo de aumentar la tasa de contribución y esa la razón de por qué hoy día esta comisión no propone la tasa de cotización suba al 20% que es el promedio de la OCDE, o al 30% como en algunos países de la OCDE".
Además, aseguró que elevar la tasa de cotización, "inicialmente le pega a los empleadores, en su totalidad, pero eso en futuras rondas de negociación colectiva, o individual, implica que se va a ir ajustando el mercado laboral, y hay una repartija entre empleador y empleado".
El economista Sergio Urzúa, también miembro de la comisión, defendió el carácter gradual de la propuesta, y aseguró que "dicha gradualidad tiene que ir constantemente analizando el impacto que tiene la medida en el mercado laboral".
"Nosotros sabemos su elevar la tasa de cotización a un 16% puede tener un impacto negativo en el mercado laboral. En la medida en que esto se haga gradual y se eduque a la población en cuanto a los beneficios que esto puede tener, consideramos que probablemente esos costos van a ser minimizados en el corto plazo", remarcó.
Efecto fiscal
El conjunto de propuestas elevaría la carga fiscal en el Pilar Solidario, y aunque no se precisó cuánto, según reconoció Hernán Cheyre, dichos dineros saldrían del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), pero "la idea nuestra no es eventualmente utilizar todo el fondo, sino que los intereses, y eso son más o menos US$ 200 millones al año".
Eso sí, abogó por un rediseño de las prioridades en el gasto fiscal ya que "cuando uno realiza propuestas de esta naturaleza, obviamente hace competir esto con otras necesidades. Por ejemplo, la gratuidad de la educación tiene un costo importante y hay que ver si la sociedad chilena es más importante en términos de equidad y eficiencia".
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