Un público respaldo a la controversial reforma laboral hizo esta tarde el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch.
La máxima autoridad de la Justicia chilena sostuvo que en la tramitación del proyecto duramente criticado por la oposición fue necesario contemplar diversos aspectos tendientes a democratizar las relaciones entre trabajadores y empresarios, "buscando un equilibrio entre sus intereses que durante muchos años, y particularmente en esta región del mundo, han sido precisamente desequilibrados y desequilibrantes".
En la inauguración del "Seminario Nacional: Modernización de las Relaciones Laborales, Ley 20.940", convocado por el Poder Judicial, el Ministerio del Trabajo y la OIT, la autoridad judicial respaldó la reforma laboral porque constituye un "importante avance" respecto de las organizaciones sindicales en aspectos tales como la titularidad sindical el derecho a la información, el reconocimiento del derecho a huelga, pactos sobre condiciones especiales de trabajo, "todo lo cual tiende a conseguir mayor igualdad y ponernos al día con los tratados internacionales".
Sin embargo, al abordar los temores por la judicialización de las negociaciones, a raíz de los puntos que no fueron zanjados por el proyecto de ley, Dolmestch restó dramatismo ante dicho escenario: "no sé por qué le tienen miedo, (la Corte Suprema) siempre ha debido resolver las cuestiones más controvertidas y por lo demás es su deber".
Dolmestch recordó los dos oficios en los que la Corte Suprema se pronunció respecto de los cambios necesarios "para corregir, perfeccionar, y dar coherencia a dicho normativo", y aseguró que algunas de ellas "felizmente fueron recogidas y forman parte de la nueva ley".
"Todos sabemos que los problemas y desafío que enfrenta el país en esta materia son enormes. Si bien la nueva normativa viene a corregir viejas prácticas y desequilibrios que existen en las relaciones laborales (...) es evidente que aún debe faltar mucho por hacer sobre esta materia, pues las desigualdades son estructurales", agregó.
En eso, achacó al demora en la tramitación del proyecto a "las tremendas dificultades que ha debido tener el legislador para lograr equilibrio y justicia, evitando modificaciones que provoquen precisamente efectos desequilibrantes y contrarios al gen y aún peligroso".
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