Durante el primer mandato de Michelle Bachelet, Mauricio Jelvez se desempeñó como subsecretario del Trabajo y desde ahí le tocó ser secretario técnico del comité nacional pro empleo, instancia a cargo de monitorear el impacto de la crisis subprime en el mundo laboral y plantear medidas.
El economista aclara que la coyuntura actual “no es de recesión -como la vivida en 2009- sino que de desaceleración”. De todos modos, dice que hay que tomar medidas para evitar una escalada de las tasas de desocupación.
“Si seguimos en un cuadro de desaceleración sería esperable y lamentable que pudiera deteriorarse aún más la cifra de desempleo y eventualmente llegar a cifras de 7%, pero eso va a estar determinado por la velocidad -porque ya la disposición y la voluntad está- que tenga el Ejecutivo para implementar los planes de reactivación económica por la vía del gasto”, sostiene Jelvez.
El experto afirma que las medidas que se están tomando por el lado fiscal y monetario “van a ser factores que ayudarán a atenuar la caída y hacer un punto de inflexión hacia un camino de recuperación, que de acuerdo a todos los análisis indican que va llegar más hacia el segundo semestre del próximo año”.
En ese contexto, Jelvez advierte que “hay que tener cuidado con gastar mal, a veces la velocidad deja abiertos flancos donde se pueden cometer errores de ejecución de proyectos, entonces hay que tener cuidado con la eficiencia, asignación y ejecución del gasto y con la velocidad, porque tampoco tenemos tiempo para producir un punto de inflexión en las expectativas y en los indicadores principales de la economía”.
En cuanto a echar mano a los programas de empleo de emergencia con apoyo fiscal, Jelvez afirma que “yo los dejaría como un dispositivo de segunda vuelta, y no de primera, porque la verdad es que son empleos precarios que tienen una orientación social más que económica, y creo que hoy no es el momento de explotar ese recurso. El 2009 lo ocupamos, pero estábamos en un contexto de recesión, no de desaceleración”.
El ex subsecretario del Trabajo argumenta que hay espacio para activar el gasto fiscal a través de la ejecución de proyectos intensivos en empleo, como vivienda y obras públicas, para compensar los puestos que se han perdido en minería y agricultura.
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