El gobierno aún no logra consensuar una fórmula para “equilibrar” la reforma laboral, ahora sin la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación al sindicato que fueron objetados por el Tribunal Constitucional (TC).
En La Moneda siguen analizando el adverso fallo del tribunal y los ministerios de Trabajo, Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia siguen sin alcanzar “convicción jurídica” sobre los efectos de la resolución, y sus implicancias en la reforma y la actual legislación laboral.
Así lo reiteró el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, quien expresó: “Si queremos actuar sobre seguro tenemos que tener una razonable convicción de qué es lo que nos dijo y qué no nos dijo (el TC)”.
Las consecuencias de lo que el gobierno haga, agregó, “van a emanar de un diagnóstico razonablemente certero sobre lo que dijo el tribunal y, por tanto, los mecanismos son contingentes a ello, tanto el veto como la ley corta”.
Al interior de la Nueva Mayoría pierden la paciencia con la indefinición del Ejecutivo, falta de decisión que se traduciría en que la presidenta Michelle Bachelet no pronuncie una palabra sobre la reforma laboral en la cuenta pública que rendirá este 21 de mayo.
En el bloque surgen las alternativas. Una de ellas es la reforma constitucional presentada por senadores de la DC, para consagrar la titularidad sindical, idea que genera respaldos en el PS, el PPD y el PC.
Sin embargo, esta propuesta tendría poco futuro si no es apoyada por el gobierno. Según explicó el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (de la bancada DC), “existe una sobrecarga legislativa”, por lo que sería imposible revisar el texto antes de octubre, “a menos que el Ejecutivo acompañe el proyecto con alguna urgencia”.
La reforma constitucional, sin embargo, exhibe una complejidad mayor: requiere de 24 votos en el Senado y la NM tiene 21. Los independientes Antonio Horvath y Carlos Bianchi votaron favorablemente la titularidad sindical durante el debate laboral. Lily Pérez, en tanto, votó en contra y mantiene esa postura.
“La Constitución es para sentar reglas de convivencia y no establecer obligaciones”, expresó la legisladora.
El empresariado también criticó la propuesta de la DC. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, cuestionó: “Si hoy se habla de modificar la Constitución para la titularidad, mañana va a haber otro problema y ¿nuevamente vamos a modificar la Constitución?”.
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