Para la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, es normal que los empleadores estén solicitando servicios mínimos “con el tejo pasado”, es decir, con funciones y número de trabajadores mayor al realmente necesario, como lo han señalado expertos laborales y organizaciones sindicales que se preparan para negociar colectivamente durante el año, con la reforma laboral en plena vigencia.
“En los procesos de negociación siempre existen planteamientos de ambas partes y que muchas veces supone pedir más de lo que uno entiende que racionalmente debe obtenerse”, sostuvo la autoridad, relativizando un criterio que ha impedido, en varias empresas, lograr acuerdos entre los empleadores y los sindicatos, en la conformación de los equipos de emergencia.
Uno de los casos más ilustrativos es el de Walmart, que solicitó a sus sindicatos “guardias de seguridad, reponedores y cajeros”.
Sobre esa propuesta específica, la ministra Krauss aseguró que “lo más probable es que el reponedor y el cajero no sean aquellos que cumplen los requisitos que la propia legislación establece”.
En consecuencia, agregó, “hay mecanismos para zanjar esas diferencias”, en manos de la Dirección del Trabajo (DT).
Preocupación en el mundo sindical
El organismo encabezado por Christian Melis es el encargado de resolver las diferencias entre empleadores y sindicatos, y establecer las funciones y el número de trabajadores que requerirá cada empresa para los servicios mínimos “estrictamente necesarios para proteger los bienes corporales de la empresa y prevenir accidentes, garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, atención de necesidades básicas de la población, y para prevenir daños ambientales o sanitarios, sin afectar el derecho a huelga”, según la norma.
La directiva transitoria de la CUT espera reunirse con las autoridades de la DT en marzo, para abordar los dictámenes de la institución y aclarar las exigencias de algunas empresas.
Así lo señaló la presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, quien advirtió: “La lógica del servicio mínimo es cubrir áreas de extrema urgencia para que la empresa no quiebre; no tienen nunca -y así se entendió en el debate y así fue el pronunciamiento de los ministros- que garantizar el funcionamiento ni la ganancia en un período de huelga”.
Lo mismo opinó la próxima presidenta de la comisión de Trabajo del Senado, Carolina Goic, quien sostuvo que “consta en el registro de la discusión que el objetivo de los servicios mínimos no es debilitar la huelga, sino que garantizar situaciones excepcionales”.
¿Ley corta?
Pese a que la implementación de la reforma laboral (1 de abril) estará llena de dudas, el gobierno no tiene considerado promover una ley corta para modificar la normativa, según lo reiteró la ministra Krauss.
“Los tiempos legislativos hoy nos dicen que no hay espacio para una ley corta; no podemos distraer a los parlamentarios, eso lo señalo categóricamente hoy”, afirmó.
Fracasa conformación de equipos de emergencia en empresa de Ariztía
Operadores de caldera, un prevencionista de riesgo, supervisores de empaque, calidad, mantención de congelados y de despacho; operadores de grúa, monitores de calidad, mecánicos, embutidores, colgadores de vienesas y limpieza de carnes son algunas de las funciones que solicitó la empresa Montina a su sindicato, previo a la negociación colectiva que comenzará en marzo.
El primer proceso para lograr un contrato colectivo al interior de la marca de la compañía Ariztía comenzó con el sindicato que reúne a cerca de 80 personas, rechazando íntegramente la solicitud de la empresa.
"La petición no señala cuál sería la hipótesis legal que la haría procedente. Esta omisión impide determinar la pertinencia de su propuesta, en relación con alguna de las causales taxativas señaladas en dicha norma (artículos 359 y 360 de la reforma laboral), tanto para evaluar su pertinencia general como específica respecto de cada uno de los cargos y turnos que se mencionan", respondió la organización sindical a la empresa.
A juicio del sindicato, la compañía "cuenta con personal no sindicalizado (cerca de 270 trabajadores) en cantidad más que suficiente para evitar que una huelga tuviere la capacidad de producir algunos daños que esboza", como una eventual crisis sanitaria o ambiental, por la eventual "descomposición de materia prima orgánica de origen animal", según detalló Montina en su petición.
"Pensemos también los efectos que pudiera tener una fuga de amoniaco no controlada", señaló la empresa, aunque "no explica de qué modo los equipos de emergencia serían estrictamente necesarios para impedir aquello", según la respuesta del sindicato.
Conforme a la agrupación sindical, "la propuesta de la empresa demuestra que el verdadero objetivo es que la calificación de servicios mínimos sirva de base para asegurar el normal funcionamiento de la empresa, en el evento que nuestra organización sindical ejerciere el derecho a huelga".
Lucas Cifuentes, abogado que asesora al sindicato, "aseguró que la empresa pretende que la huelga sea inefectiva. Aprovechando una pésima norma, están atentando contra un derecho fundamental, que es el derecho a la huelga".
"Llegamos a la convicción que no procede que se califiquen servicios mínimos para la empresa, ante una eventual huelga", expresó el presidente del sindicato, Marcos Navarro.
El dirigente sostuvo que la conformación de equipos de emergencia será un problema en todas las empresas y que será el legislador el que tendrá que resolver las diferencias.
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