Lo que tiene que hacer el gobierno es “ajustarse” al fallo del Tribunal Constitucional (TC), que eliminó dos pilares de la reforma laboral: la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación al sindicato. La sugerencia -en la que concuerdan políticos y expertos de todos los sectores políticos- parece sencilla, pero no lo es tanto.
La resolución del tribunal fue tan extrema (así lo reconocen al interior de la oposición), que dejó a La Moneda en un laberinto de difícil salida. Por ejemplo, según afirma una fuente de gobierno, “se puede deducir que la igualación entre sindicatos y grupos negociadores alcanza la extensión de beneficios. Es decir, los grupos podrían extender los beneficios acordados en una negociación colectiva”.
No sólo eso. De acuerdo al análisis entregado por el abogado Sergio Morales, de LyD, a diputados y senadores de Chile Vamos, el fallo del tribunal “genera una expansión de la declaratoria de inconstitucionalidad del fallo a otros artículos no impugnados”, como los pactos de adaptabilidad suscritos únicamente entre empleadores y sindicatos. Según la lectura de Morales, “la discriminación arbitraria en relación a los pactos entre sindicatos y grupos negociadores sería inconstitucional”.
En el Ministerio del Trabajo reconocen que la “ley corta” que se tramitará paralelamente al veto presidencial que eliminó aumento en los quórum para negociar y la adaptabilidad, considerará “cambios mayores” a la reforma laboral. Una especie de “reforma a la reforma”, tal y como ocurrió con el proyecto tributario del gobierno.
En sintonía con este escenario, también se extienden los plazos, una vez más. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, sostuvo que él “no se abre ni se cierra” a postergar la implementación de la reforma laboral hasta 2017. “Es algo que simplemente está en estudio”, agregó el economista.
Las consecuencias que prevén en La Moneda tienen un correlato en el Congreso. El senador socialista, Juan Pablo Letelier, sostuvo que el fallo del TC “cambió la arquitectura de la reforma laboral”. A juicio del parlamentario, que integra la comisión de Trabajo del Senado, “si el sindicato no tiene titularidad para negociar, por qué tendría que tenerla para ayudar a la empresa en una huelga o en negociar jornadas especiales de trabajo”. Es decir, pactos, servicios mínimos y equipos de emergencia también deberían ser modificados en el proyecto.
Eso sí, reconocen en el gobierno, “eso se resuelve políticamente”.
La lucha de Valdés
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, está enfrascado en su propia pelea. En el Congreso ha sostenido encuentros informales con parlamentarios de Chile Vamos, como Patricio Melero (UDI) y Andrés Allamand (RN) para impedir la exclusión de la flexibilidad laboral de la reforma laboral.
La premisa de Valdés es sencilla: “En la medida que todos, incluida la oposición, entendamos que los pactos sólo se pueden firmar entre un sindicato y el empleador, tenemos la intención de reponerlos”. Así lo expresó el martes en el Parlamento, luego de “una primera mirada del fallo del TC”.
Este análisis fue cuestionado por el abogado que defendió la reforma laboral en el tribunal, Francisco Tapia, quien aseguró que “los pactos sólo se pueden lograr con sindicatos con representatividad suficiente, pues si se habilita a los grupos, ello lleva a la desregulación”.
En la esfera política, la UDI le cerró la puerta a la posibilidad planteada por Valdés. Patricio Melero aseguró que “restringir los pactos sólo a los sindicatos y dejar fuera a los grupos negociadores, mantiene el principio de discriminación arbitraria que el TC condenó”.
El lobby del ministro de Hacienda no pasó desapercibido en la Nueva Mayoría. Juan Pablo Letelier pidió, al gobierno, que “dada la experiencia, tenga el cuidado de hacer el trabajo prelegislativo con el oficialismo”.
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