El requerimiento presentado por los senadores y diputados de Chile Vamos en el Tribunal Constitucional (TC) en contra de más de 60 disposiciones de la reforma laboral, transgreden una serie de principios jurídicos y constitucionales. Así lo enfatiza el informe que están elaborando asesores de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y que ya fue enviado al Ministerio del Trabajo para ser analizado.
El documento ataca aspectos de forma y fondo del recurso. La primera línea de defensa del Ejecutivo es que el requerimiento es inadmisible, ya que se presentaron con posterioridad a los cinco días que la Constitución establece para la concreción de este tipo de acciones.
Así, el texto -que también está en manos de senadores de la Nueva Mayoría- señala que “la presentación de los parlamentarios de derecha es extemporánea, puesto que lo que pretende es impugnar la constitucionalidad de la mayor parte de la ley, lo que debieron hacer una vez despachada ésta por el Congreso. El plazo para ello era de cinco días y ese plazo venció el 28 de junio”. Esta lectura se basa en que “la remisión de la comunicación” de la reforma laboral ocurrió el 23 de junio, cuando la Cámara de Diputados informó al presidente del TC que el proyecto estaba “totalmente despachado”; y no en que el plazo expiró el 3 de julio, cinco días después que el tribunal recibió ese oficio, como lo sostiene el equipo jurídico que asesora a Chile Vamos.
También respecto de la forma, el informe de la Segpres señala que “en casi la totalidad de los artículos que se pide su declaración de inconstitucionalidad, la oposición ni siquiera hizo la reserva de constitucionalidad de rigor durante los trámites legislativos correspondientes”. Finalmente, que los requerimientos son “técnicamente deficitarios, (ya que) algunas de las frases que piden eliminar no existen en los incisos señalados”.
Sobre el fondo, el documento asegura que “la sentencia del TC no legisla ni tampoco ordena a los órganos colegisladores a legislar de determinada forma” y que “las magistraturas, personas y órganos del Estado sólo tienen las atribuciones expresas contenidas en la Constitución”. Aquí, el Ejecutivo golpea la mesa y le aclara al TC que no le puede ordenar cómo legislar. “En el derecho procesal chileno, lo que se resuelve es lo que se tiene que cumplir, ni más ni menos”.
Según el gobierno, él cumplió con el dictamen que eliminó la titularidad sindical, al derogar los artículos objetados por el TC. “Suprimir partes del proyecto con el veto no contradice lo fallado por el Tribunal Constitucional”, consigna el punto tres del informe elaborado por la cartera que encabeza Nicolás Eyzaguirre.
Un último punto advierte que la presentación de la derecha va a producir “más confusión que certezas”, tal y como ocurrió con el primer requerimiento acogido, en su parte fundamental, por el TC. “Producto de la solicitud de eliminar algunas frases dentro del proyecto (todas las referidas al sindicato u organización sindical), algunos de sus artículos quedarán inconexos, con falta de sujetos activos, en definitiva inentendibles”.
Aunque no hay un plazo perentorio, el gobierno enviaría esta semana un documento al TC, advirtiendo de la inadmisibilidad de los escritos elaborados por los diputados y senadores de Chile Vamos.
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