“Yo no soy adivina y obviamente vamos a tener que ver cómo se desarrolla esto y no sabemos si va a haber aumento o no de judicialización”. Así respondió ayer la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, frente al peligro más inminente de la puesta en marcha de la reforma laboral.
En lo que sí reconoció tener certeza es sobre la disposición del gobierno de encontrar un espacio para legislar en aquellas materias que le preocupan al empresariado o a la oposición. Pero no sin antes lanzar un claro mensaje: “Quien llevó este tema al Tribunal Constitucional (TC) y producto de quien terminó legislándose como se hizo fue la oposición y, por lo tanto, los llamaría a la responsabilidad”.
Aunque en el oficialismo admiten que los caminos para evitar la judicialización aún son inciertos, la opción más plausible sería la de impulsar una ley adecuatoria que pueda perfeccionar el contenido del nuevo texto. Sin embargo, según advierten varios parlamentarios, nada de esto se podría zanjar en el corto plazo, ya que las prioridades de la agenda legislativa estarán puestas exclusivamente en el debate previsional y la discusión del Presupuesto para el próximo año.
La opción de una ley adecuatoria “no es tema, porque la prioridad en Trabajo está puesto en el tema previsional”, enfatiza el senador del PS Juan Pablo Letelier.
En la Nueva Mayoría habría total sintonía respecto de que hoy no es el minuto para impulsar una iniciativa de esa envergadura, porque se debe dar espacio para la “maduración” de la nueva ley y, además, se corre el riesgo de que la oposición intente incorporar otros temas ajenos al articulado.
Por otro lado, la ministra Rincón ya exploró dicha posibilidad cuando la reforma enfrentaba el veto presidencial, pero no logró apoyo. ¿La razón? A juicio de la oposición, la secretaria de Estado solo buscaba instalar una “titularidad sindical encubierta” y así desobedecer el pronunciamiento del TC. Raya para la suma: las conversaciones estarían en punto muerto.
Por esto, ayer el fallo de la oposición fue lapidario tras la promulgación de la reforma: “Esto viene a agravar la situación económica de parálisis que vive el país y de incertidumbre laboral porque no se crean empleos. Es francamente inaceptable y los derechos de los trabajadores no afiliados se ven afectados por el monopolio sindical”, afirmó el presidente de la UDI, Hernán Larraín.
Mientras, el diputado Patricio Melero indicó que después de dos años “vemos con frustración que esta reforma, que pretendió avanzar, deja al país en una legislación abierta y sin los elementos que el mundo del trabajo más propio de la modernidad necesita”.
“Deben corregirse algunos vacíos”
El ex subsecretario del Trabajo, Zarko Luksic, sostiene que con el poder del fallo del TC se hace bastante necesario legislar frente algunas materias. Por lo tanto, para garantizar la eficacia de la ley, se requiere una ley corta. Luksic explica que, por ejemplo, hay alrededor de siete menciones en el texto sobre los grupos negociadores, pese a que éstos no están regulados.
“El legislador tiene la obligación de corregir estos vacíos”, asegura. Recalca, eso sí, que esta iniciativa se tiene que acotar a ese debate para evitar que en la discusión surjan nuevos temas.
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