El último estudio de brecha salarial que realizó la OCDE reveló que en Chile las mujeres ganan un 21% menos que los hombres. Y, según la última Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) -correspondiente a 2017-, la situación es aún más compleja, ya que según dicho mecanismo las remuneraciones de las mujeres son, en promedio, un 31,7% más bajas que la de los hombres.
Para erradicar este fenómeno, en 2009 -durante el primer gobierno de Michelle Bachelet- se promulgó la Ley 20.348, la cual resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones entre hombres y mujeres en el Código del Trabajo.
A poco más de nueve años desde su entrada en vigencia, la norma, al parecer, no ha tenido los efectos que se esperaba, ya que según datos de la Dirección del Trabajo, entre 2010 y junio de 2018, han ingresado 120 denuncias a la institución por vulneración del derecho a la no discriminación de remuneración por sexo.
La información, segregada por año y región, muestra que entre enero y junio del presente ejercicio la Dirección del Trabajo ha recibido nueve denuncias, siendo la región Metropolitana la que concentra la mayor cantidad (4).
En los años anteriores, la información entregada por la DT muestra que ingresaron 12 denuncias en 2011, 6 en 2012, 14 en 2013, 20 en 2014, 19 en 2015, 19 en 2016, y 21 en 2017.
Respecto al procedimiento de la denuncia, la norma señala que la trabajadora efectada debe presentar una denuncia formal ante la propia empresa, y que de no existir una solución puede recurrir a la DT o ir directamente a tribunales, presentando un recurso de tutela laboral. Sin embargo, expertos afirman que esta última opción es muy poco usada.
“Para los trabajadores no es una fórmula viable que la denuncia formulada por el trabajador en contra de su empleador, signifique que sea este último quién investigue si ha incurrido en un acto discriminador en el pago de remuneraciones”, sostuvo Luis Lizama, director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile.
Para Marta Manríquez, directora del Proyecto Fomento a la Igualdad de Género en el Trabajo del Departamento de Gestión y Negocios de la UAH, el principal problema radica en la aplicación de la ley, “ya que presenta trabas relacionadas a que se debe conocer el salario del otro para hacer la denuncia y es la propia mujer, además, quien debe hablarlo con su jefatura, lo que muchas veces las inhibe. Otro problema asociado es de índole cultural y tiene relación con los costos asociados a la maternidad y al cuidado de los niños”.
Una opinión similar entregó Marcelo Albornoz, ex director del Trabajo, quien agregó que “no hay una herramienta eficaz que permita resolver los problemas, acá hay que preguntarse qué queremos: sanción o solución. Y creo que lo primero que hay que hacer es buscar mecanismos eficaces que permitan resolver el problema y reparar la inequidad”.
Desde ChileMujeres, su presidenta cofundadora Francisca Jünemann, expuso que “el tema va en que siguen existiendo leyes que encarecen la contratación de mujeres, porque cargan sobre las mujeres toda la responsabilidad de la maternidad”.
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