“Chile necesita buenos técnicos, pero no los estamos proveyendo en número ni calidad suficiente para las necesidades actuales y futuras del país”. Así de tajante fue ayer el presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Joseph Ramos, al presentar los resultados del estudio “Sistema de Formación de Competencias para el Trabajo en Chile”.
La investigación, que fue entregada al gobierno, corroboró que en el país “no hay un sistema de formación técnica profesional si no una serie de subsistemas que conversan poco entre sí; además el sistema no está adaptado a los jóvenes que deben trabajar mientras estudian”.
En esta línea, Ramos alertó respecto a que la estructura actual de formación “no es capaz de anticipar los requerimientos futuros en términos de competencias: se estima que un 61% de los trabajadores se emplea en ocupaciones con riesgo de ser automatizadas y un 24% en empleos con alto riesgo de ser afectados por el cambio tecnológico”.
Todo en un marco preocupante si se considera la importancia que puede representar obtener un título de técnico superior, ya que es altamente rentable social como económicamente. “Eleva el ingreso del joven en cerca de $ 300.00 al mes, lo que equivale a una rentabilidad del orden de 25%”, dijo el economista.
De ahí que la CNP no se quedó en los lamentos sino que apuntó a las propuestas.
Las primeras, pensadas para quienes aún no ingresan al mercado laboral, plantean garantizar en forma gratuita a cada joven una educación técnica (CFT) o su equivalente, “pues ello es bueno tanto para el crecimiento (productividad) como para la equidad”.
Considerando que muchos jóvenes deben trabajar mientras estudian, la idea es que los CFT/IP ofrezcan sus programas también a jornada parcial. “Además significa adecuar la gratuidad en CFT según si es jornada completa (o sea, por 2 años) o a jornada parcial (o sea, por 4 años)”, señala el informe.
Más revolucionario, la CNP dice que a la luz de la baja rentabilidad social de cursar programas universitarios para un porcentaje importante de la población -los que no están en el 30% superior de PSU-, se debe considerar condicionar la gratuidad universitaria no sólo a ser vulnerable y asistir a una universidad acreditada sino a: haber aprobado un año de CFT/IP o haber obtenido 525 puntos o más en la PSU o estar en el 20% mejor ranqueado del liceo técnico profesional.
En el caso de aquellas personas que ya están en el mercado del trabajo, el informe elaborado por la CNP propone que los programas de capacitación a los que puedan acceder estas personas “requieren un re-direccionamiento profundo”, debido a sus problemas: corta duración y falta de evaluación del aprendizaje.
Para enfrentar esto, la comisión propone “que los recursos de la capacitación y formación continua, se centren en adquirir un oficio (alrededor de 400 horas o un semestre de jornada completa) y se financien con los recursos actuales de la Franquicia Tributaria”.
Como tercera gran propuesta, la comisión liderada por Joseph Ramos plantea “una nueva arquitectura institucional para la formación técnica profesional para coordinar y fortalecer los distintos componentes del sistema de Educación Media Técnico Profesional, CFT, IPs, capacitación y certificación., entre otras propuestas”.
El informe también aborda la entrega de títulos en la formación técnico profesional. En relación a esto, el texto critica que este tema “no está determinado por el logro de un nivel de competencias efectivas, sino por la suma de horas”.
Considerando esto, la CNP propone definir, junto al sector productivo, un marco de “cualificaciones fundada sobre la base de competencias efectivamente adquiridas”, que permita avanzar en trayectorias educativas continuas.
Por último, la comisión hace énfasis en un grupo de recomendaciones que van de la mano con mejores prácticas internacionales, como por ejemplo: fortalecer el vínculo de la formación técnica con el sector productivo; diseñar currículos centrados en competencias; asegurar la calidad, entre otros temas.
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