Alineados con la instrucción emanada desde La Moneda de no activar el debate laboral en lo que resta del año legislativo, el gobierno se dará plazo hasta marzo para tomar una definición frente a una eventual ley adecuatoria para la reforma laboral, de cara a la íntegra entrada en vigencia de la nueva ley a partir del 1 de abril de 2017.
Según fuentes al tanto del tema en Hacienda y en Trabajo, el objetivo es replicar lo realizado con la reforma tributaria, cuando las autoridades presentaron un proyecto de simplicación tras la emisión de las circulares de parte del Servicio de Impuestos Internos (SII). La idea es agotar la vía administrativa para evaluar si es necesario un cambio legal.
El asesor del Ministerio de Hacienda, Roberto Godoy, y sus pares de Trabajo, Ariel Rossel y Claudia Donaire, están analizando junto al equipo de implementación de la reforma en la Dirección del Trabajo (DT), el proceso de publicación de los dictámenes de oficio para abordar eventuales nuevas medidas administrativas.
De no ser suficientes las interpretaciones de la DT para enfrentar los vacíos legales que quedaron en la legislación, se procederá a buscar un acuerdo para una ley corta, donde participarán ambos ministerios y la oposición. “Si al cabo del análisis nos damos cuenta que se necesita mayor aclaración, se enviará una ley corta. No queda otra opción”, comenta una fuente ministerial.
La estrategia va en línea con lo que la propia ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, ha transmitido desde su arribo a Huérfanos 1273. Sin hablar decididamente de una ley adecuatoria en su ronda de reuniones protocolares, ha dejado en claro que por estos días su primera prioridad está en la implementación de la reforma, aunque en citas con el mundo empresarial no habría cerrado del todo la puerta a un ajuste legal siempre y cuando se alcance a través de un acuerdo nacional.
Tanto Hacienda como Trabajo exploraron la posibilidad de perfeccionamientos legales luego del adverso fallo del Tribunal Constitucional (TC) a mediados de este año. Sin embargo, la falta de acuerdo con la oposición en aquel momento frenó las negociaciones. “Esa ventana está hoy cerrada, pero hay una alta probabilidad de que se vuelva a abrir antes de que se implemente íntegramente la reforma, en abril”, comenta un conocedor de las tratativas.
¿Cambios? Solo por grupos negociadores
La eventual ley adecuatoria sería muy acotada y, en principio, aclararía el papel de los grupos negociadores. De hecho, para el gobierno el único punto donde hay una dificultad con la legislación aprobada es en el procedimiento que el grupo negociador debe utilizar para negociar. Por esto, no está en discusión reabrir otros temas.
Esta posición va en la línea con lo manifestado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que ha señalado no estar dispuesta a reabrir debates que den espacio a perder logros conseguidos con la reforma. En el encuentro sostenido con Krauss, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, fue clara: “Hasta ahora, cualquier alcance de una ley adecuatoria tendría que ver principalmente con regulación de grupos negociadores”.
A cuatro meses de la entrada en vigencia de la ley, tres de los nueve dictámenes de oficio ya se han emitido, a lo que se agregará prontamente un pronunciamiento específico sobre grupos negociadores. Y aunque podría sumar cuotas de certidumbre al nuevo texto, expertos insisten en que el dictamen no podrá dar respuestas a todas las interrogantes pendientes.
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