Por varios días el oficialismo había amenazado con que llevaría al Tribunal Constitucional (TC) el proyecto que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas, liderado por las diputadas del Partido Comunista, Camila Vallejo y Karol Cariola. Incluso desde antes de que la iniciativa fuera aprobada por la comisión de Trabajo de la Cámara.
Ayer, posterior a que la propuesta fuera despachada a la Sala de la Corporación -y no a la comisión de Hacienda, como había solicitado el oficialismo-, Chile Vamos reafirmó lo que habían anunciado anteriormente: la próxima semana recurrirán al tribunal para probar la inconstitucionalidad de la moción parlamentaria.
El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, confirmó que recurrirán a “todas las instancias que sean necesarias”, y le atribuyó la responsabilidad a la oposición, al manifestar que “no quieren respetar las normas básicas de la Constitución, las que obligan a actuar con responsabilidad”.
La tensión entre la diputada Gael Yeomans y el ministro Monckeberg ha sido la tónica.
El secretario de Estado ratificó que “vamos a recurrir al TC para que sean ellos los que determinen con claridad que ningún Presidente de la República, ningún parlamentario -del partido que sea y en el proyecto que sea- puede arrogarse atribuciones que la Constitución no le da”.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la comisión que trata esta materia, Francisco Eguiguren, secundó al titular de Trabajo y le puso fecha a la acción.
El legislador adelantó que la próxima semana los parlamentarios de Chile Vamos concurrirán al TC “para presentar el requerimiento y finalmente desenmascarar a esta izquierda y que el tribunal se pronuncie acerca de la constitucionalidad de este proyecto y así terminar una teleserie que a los únicos que perjudica es a los trabajadores”.
Aunque el oficialismo acuda al tribunal, la discusión en la Sala de la Cámara mantendrá el curso que le corresponde a la tramitación hasta que dicho organismo se pronuncie y entregue una resolución. Es decir, la presentación del requerimiento no suspende ni detiene lo que ocurre en el Congreso.
Además, durante el día de ayer el oficialismo fue consistente al expresar que agotarán todas las herramientas que tengan disponibles.
Piñera interviene
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, aseguró que no descarta hacer uso del veto presidencial para impugnar una norma que considera irroga gasto fiscal y por lo tanto, es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Si bien declaró que espera que los parlamentarios respeten la Constitución “que ellos juraron cumplir”, también sentenció que “si no lo hicieran, naturalmente que como Presidente no me voy a quedar cruzado de brazos y voy a recurrir a todos los instrumentos a mi alcance para que se cumpla la Constitución”.
En el caso de que la moción de las 40 horas pase la barrera del Congreso y del Tribunal Constitucional, el veto presidencial correspondería a la última alternativa que le quedaría al oficialismo para detener la implementación del proyecto impulsado por el Partido Comunista, pues es una atribución exclusiva del Presidente terminado el trámite legislativo.
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