Los gremios empresariales reaccionaron de manera diversa al anuncio de la noche de ayer del gobierno sobre aplicar un estado constitucional de emergencia, tal como está vigente en la actual Constitución, para la Macrozona Sur.
Este estado de excepción acotado, en vez de ser aplicado a regiones específicas del país, se enfocará en el resguardo de las rutas y caminos de la provincia de Arauco y Biobío y en la región de La Araucanía.
A raíz de esto, desde la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC) Biobío valoraron el anuncio del Ejecutivo y que se atendió el llamado de los diversos actores sociales de la región. Sin embargo, desde el gremio apuntan a que todavía hay preocupación por el resguardo de los caminos rurales o secundarios de la provincia, “los que son afectados continuamente por el flagelo de la violencia y el terrorismo que ataca en forma integral estas provincias”, señala su presidente, Álvaro Ananías.
“Esperamos que el gobierno y el Parlamento prolonguen por el tiempo que sea necesario esta medida, de tal forma que los organismos correspondientes puedan trabajar en las distintas vías de forma paralela para solucionar el conflicto de la Macrozona Sur”, añade el dirigente.
Mientras que desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) expresaron que esperan los “reales alcances” del estado de excepción para la seguridad de las carreteras y caminos y que no haya “letra chica” para la acción de fuerzas militares.
“Sigue siendo muy preocupante que persistan las condiciones que han convertido a la Macrozona Sur en un pozo sin fondo de violencia. Esto ocurre porque siguen actuando organizaciones armadas guerrilleras, mientras el estado de derecho no opera para garantizar el bien público de la seguridad a los ciudadanos”, expresaron en un comunicado.
Desde la Multigremial Nacional destacan que el gobierno haya escuchado el llamado de los gremios de conductores de camiones y trabajadores, pero que “el Estado de Excepción nunca debió ser retirado de la zona cuando todos los días vemos camiones quemados, comisarías baleadas, predios usurpados y trabajadores amedrentados por grupos radicales que no están dispuestos al diálogo”, agregaron en un comunicado.
La Agrupación de Organizaciones Productivas del Biobío (AGOP), respaldó la decisión del Ejecutivo de reimplementar el estado de emergencia en la zona.
"El Gobierno ha tomado conciencia de la vulnerabilidad social y económica de esta zona, y que tras infructuosas instancias de diálogo para alcanzar acuerdos, eran necesarias acciones concretas para dar cumplimiento los compromisos pactados y, por sobre todo, a lo que las facultades les permiten acceder para garantizar la seguridad del territorio y de sus habitantes", manifiestan.
En tanto, desde el Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade) señalan que si bien se valora el esfuerzo de las autoridades de la zona y el gobierno, es importante que se recoja la realidad local.
“Este es un territorio que tiene diferentes desafíos pero lo primero y urgente es que tenemos que recobrar los niveles de seguridad, no podemos quedarnos en peleas semánticas, por eso nuestra invitación como organismo empresarial es avanzar en soluciones concretas”, dijo su gerenta general, Carolina Parada.
De la misma manera, desde la Corporación Chilena de la Madera (Corma), también aplaudieron las medidas.
“Es urgente restituir la paz a nuestros vecinos, trabajadores y sus familias, entregando soluciones concretas para el tema de su seguridad, y así poder ir recuperando de a poco y de manera sostenida las distintas actividades que se han visto fuertemente afectadas por la violencia, como es el turismo, la agricultura, la construcción y todas aquellas relacionadas con el mundo de la madera”, dijo el presidente de la gremial, Juan José Ugarte.
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